Los olvidados y solitarios vigilantes del fuego en León: “Nos quieren cambiar por cámaras”

La luz del atardecer baña una ingente superficie negra desde que ese mismo cielo escupió varios rayos a las 21.04 del sábado 9 de agosto, desatando el infierno en Llamas de la Cabrera (León). El domingo, más centellas: a 15 kilómetros entre las montañas de El Bierzo, en Yeres. El primer incendio atormentó a decenas de pueblos; el segundo engulló el paraje natural de Las Médulas aunque se apiadó del yacimiento romano Patrimonio de la Humanidad. Ambos, devastadores, se detectaron desde el puesto de vigilancia que hay junto a la ermita de La Aguiana, donde Antonio Pérez observa los focos ocasionales. El gremio de los centinelas contra el fuego de Castilla y León se queja de precariedad y de sueldos bajos. Además, denuncia que la Junta ya les ha encontrado un sustituto: “Nos quieren sustituir por cámaras”.

Chasquido. La emisora vocea. Pérez, de 53 años, escucha y ve, como en los últimos nueve veranos, por 1.300 euros mensuales. Nunca con contrato anual. Este ingeniero forestal revisa el paisaje color chapapote, antes verde. Los caminos o cortafuegos semejan carriles de hormigas ante el negro horizonte, oteado con los prismáticos marítimos oficiales, con brújula imprecisa a 1.850 metros sobre el nivel del mar: “Cuestan 300 euros, pero yo tengo otros de 50 con más aumentos”. Salen de su bolsillo, como las botellas de agua porque no la hay potable, la leña para la chimenea o los 250 euros mensuales en gasolina para acceder a la caseta por caminos infernales: “El trabajador debe acceder por sus medios”. La Junta tampoco aporta el mobiliario, que trajeron entre todos: una cocinita o una cama plegable para el compañero que vive lejos y pernocta: “Es como un piso de estudiantes, todo heredado”. Mapas hay, pero no incluyen algunos pueblos o referencias. Él compró uno 3D.

El vigilante señala unos árboles retorcidos, secos. Ardieron en 2022 pero nadie los retiró, así que se han convertido en combustible para 2025. Alguna rama ha sido rebanada, pero quedan muchos troncos moribundos: “Limpiaron algunos la semana anterior al incendio porque preparaban una ruta de cicloturismo con [el aventurero] Jesús Calleja y quedaba mal la foto”.

Pérez camina junto al cortafuegos, que presenta unos yerbajos que, en caso de incendio, son un caramelo para el fuego. Como el que, días atrás, hizo que unos bomberos y él se guarecieran en la ermita. Desde el ventanuco a la espalda de la Virgen, más negrura. Falta prevención de verdad, no solo señales de “Peligro de incendio”, y sobra “desgana”, expone; faltan sueldos y sobran las cámaras, sinónimo de despidos. La Junta prevé destinar 11 millones para cámaras en 2026, mantenimiento aparte. En varias provincias ya operan, pero los vigilantes apenas las usan. La adjudicataria es Telecomunicaciones Merino, empresa de una expresidenta de Vox León, Elena Merino, que en 2019 entró en concurso de acreedores. La Junta afirma tener 198 vigilantes. Los vigilantes, por su parte, aseguran ser menos, porque, según ellos, algunas casetas ya se clausuraron y se prevén recortes. Entre todos cobran tres millones, calculan. Pérez prefiere centrarse en localizar focos e interpretar el entorno, en adivinar la dirección del fuego o certificar, sin dudas, si es fuego, cosa que las cámaras no siempre hacen: “Las cámaras han identificado como incendios piedras calientes, chapas al sol o luces largas de coches”, dice. Pérez resiste más por su madre que por él: “Tiene 92 años y el horario [de mediodía a la noche] me permite cuidarla”. En campaña ahorra como puede para subsistir el resto del año: “Es un trabajo de supervivencia”. Sí soporta la soledad. El Manual del Vigilante de 2018 recomendaba tener buena vista y capacidad de concentración, manejar prismáticos y “poseer estabilidad emocional para pasar largas horas en soledad”.

Chasquido. “Colinas, Igueña”. Chasquido. Santiago, sin dar apellido y de 53 años, atiende en un puesto con cierre anunciado, Cueto Rosales. El 8 de agosto, día en que se desató el aún no extinguido incendio de Fasgar, hogar de oso y urogallo, este puesto estaba vacío, por falta de personal. El fuego fue avistado por otra caseta, pero más tarde de lo que hubiera hecho esta. Y cada minuto cuenta al principio de un incendio; ahora la mancha y el humo se vislumbran desde estos 1.580 metros de altitud. “El operativo funciona por la buena fe de la gente”. El inquilino del último lustro en la atalaya amenazada recita bajas no cubiertas y contratos no renovados cuando el móvil interrumpe. “La Junta busca vender cámaras, un clientelismo que es casi medieval, pero si te opones a la tecnología tú eres el arcaico, cuando nosotros podemos juzgar falsas alarmas y no desperdiciar medios mucho mejor que esas cámaras”, zanja. Después, matiza, abierto a cierta modernidad: “Las cámaras pueden ser complementos, pero si quieres tecnología quita al consejero [Juan Carlos Suárez-Quiñones] y pon Inteligencia Artificial”.

Chasquido. “¡Charlie 1, Riaño!”. Chasquido. El pico palentino Espigüete brilla ante el oscuro este de los Picos de Europa, casi Palencia. Aún humea. Begoña Miguel, 23 de sus 50 años como vigía, fija discontinua, pasa su día libre a 1.400 metros de altitud con su hermana Rita, interina de 65, ambas vigilantes seis meses en el puesto de San Jorge. Veteranas, disfrutan del aislamiento que no soportó una compañera. Duró tres días. “¡Mira qué bruja sale en Riocamba!”, comentan, señalando a un engañoso remolino sobre superficie carbonizada. Begoña Miguel lamenta los “inútiles” prismáticos oficiales, que al probarlos cambian los grados de ubicación de una humareda: primero 24, luego 30. Ellas tiran de mapa y transportador de ángulos para trazar líneas. No falla. Tampoco lo hacen las “aplicaciones piratas” que las concesionarias les niegan y que los vigilantes rapiñan. Un compañero ha creado una, “El guardián del fuego”, clave para ubicar focos.

Miguel trabaja en invierno en una estación de esquí, pues del humo no se vive, y asiste a su madre nonagenaria. También gestiona unas colmenas que a veces se zampa el oso. Como las indemnizaciones por las colmenas tardan en llegar más de dos años, ya ni las pide. Al menos desde aquí vigilan sobre casetas sólidas y no sobre las torres inestables que imperan en otros lugares. Abajo han plantado tomates y calabazas. Lo peor, unos pinos salvajes reduciendo la visibilidad al sureste. Sería fácil podarlos, creen. Allí avisaron del lejano incendio de Canalejas, cercano a otra caseta vacía. La leonesa rememora la promesa de 2022, cuando ardió Zamora, de “una prestación a 12 meses en 2025” de vigilancia “humana y telemática”, según el acuerdo del Diálogo Social que ensalza el presidente, Alfonso Fernández Mañueco. El matiz, “con el personal necesario para compatibilizar ambos sistemas”. “Nos quieren cambiar por cámaras”, resume amargamente. En 2023 pasaron de ser “escuchas de incendios” a “vigilantes de incendios”, aunque siente que nadie los escucha de verdad fuera de quienes pasan el verano colgados de la emisora: “La Junta compró tablets que no funcionan, nos niegan coches o aplicaciones pero quieren poner cámaras inútiles. Es un pelotazo”. Chasquido