El trampantojo del porcentaje de gasto militar

La OTAN ha dado por bueno que España ha llegado en 2025 al 2% del PIB en gasto militar, un compromiso que asumió en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy y debió alcanzarse el año pasado. En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, Pedro Sánchez se comprometió con el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, a llegar finalmente a ese objetivo en 2029, pero su sucesor, Donald Trump, elevó de nuevo el listón hasta el 5%, y el presidente español se plantó en el 2%, aunque aceptó anticiparlo a este mismo año. Para hacer creíble este acelerón —España asegura haber destinado a gasto militar el 1,40% del PIB el año pasado, mientras los últimos datos de la OTAN le atribuían el 1,28%— el Gobierno aprobó en abril pasado un plan nacional para el desarrollo de la tecnología de defensa y seguridad dotado con 10.471 millones que, sumados al presupuesto de defensa, dan un total de 33.123 millones.

La OTAN ha confirmado este plan y asumido que España cumplirá este año el compromiso del 2% del PIB. Le ha dado un aprobado raspado, como el concedido a República Checa, Bélgica, Macedonia y Portugal, que se quedan justo en el límite, ni una décima más ni menos del mínimo exigido. En realidad, la OTAN se ha dado un aprobado a sí misma, al certificar que todos los aliados (salvo Islandia, que carece de Ejército) cumplen ya el objetivo de 2014, paso indispensable para que se pueda alcanzar el 5% en 2035.

Se trata, en todo caso, de un aprobado provisional, pues nadie sabe con certeza cuál será el PIB de España este año ni, en consecuencia, su porcentaje de gasto en defensa. Además, para dar por buenos estos planes, la OTAN ha tenido que mirar para otro lado. Ha asumido, por ejemplo, que los 10.471 millones se gastarán antes de que acabe el año, lo que resulta más que dudoso. Aunque Defensa ha elevado los techos de gasto plurianuales para hacer hueco a los nuevos programas, se espera que la mayoría de los contratos se adjudiquen tras el verano, por lo que resulta muy difícil que se ejecuten antes de fin de año. Además, el Gobierno ha incluido en su plan tecnológico partidas que no cumplen los estrictos criterios de gasto militar de la OTAN, como la inversión de ciberseguridad o en la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha vuelto a demostrar su eficacia con motivo de la oleada de incendios que ha devastado el noroeste peninsular este verano. España tampoco es una excepción: Italia, que ha asumido el 5% de gasto en defensa, ya ha anunciado que incluirá en ese concepto el mastodóntico puente sobre el estrecho de Mesina, que proyecta unir la península con la isla de Sicilia.

El problema no es llegar este año al 2%, lo que no se sabrá si se ha logrado hasta bien entrado 2026, sino mantener ese nivel de gasto en un horizonte en el que no se contempla de modo realista aprobar nuevos presupuestos. Los enjuagues contables y el trasvase de partidas requieren un malabarismo presupuestario imposible a largo plazo.

En realidad, el objetivo del 5% —y, en menor medida, del 2%— es un trampantojo para convencer a Washington de que Europa ha asumido finalmente su parte en el reparto de cargas. Pero calmar a Trump no es el problema. La cuestión es si ese dinero garantiza la seguridad y si, en los próximos meses, cuando Washington acuerde con Moscú la partición de Ucrania y retire buena parte de sus tropas de Europa para llevárselas al Pacífico, los europeos estarán en condiciones de defenderse a sí mismos.