Antifraude de Valencia alerta al juez del ‘caso Ábalos’ del sobrecoste de un millón de euros en una obra de Transportes

La Agencia para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad valenciana se ha dirigido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa por corrupción en la que están imputados el exministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para alertar de que en un expediente administrativo que abrieron en 2022 encontraron “diversas irregularidades” en la construcción, en 2019, de la estación de cercanías de Albal (Valencia, 17.000 habitantes) por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes. El juez Puente ha remitido este y otro expediente enviado por Antifraude de Valencia, este referido a la fundación Fiadelso, en la que participaba Ábalos, a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “en la medida en que resulten de interés para la investigación”.

En su escrito, el director de este organismo, Eduardo Beut, destaca que la agencia ha detectado “diversas irregularidades en la tramitación y ejecución” del convenido que supusieron el pago por parte del ayuntamiento de la localidad valenciana a Adif “de un importe superior en más de 1.000.000 euros por encima del coste real de la obra y justiprecio de las expropiaciones”. El documento recalca que el origen de la obra se remonta a mayo de 2011, cuando el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, firmó un protocolo de colaboración con el consistorio. Sin embargo, el convenio para la construcción no se adjudicaría hasta ocho años después, en 2019, ya con Ábalos como titular de la cartera de Transportes. Lo firmó la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El primero está imputado en la causa que se lleva en el Supremo, mientras que Pardo de Vera está encausada en la parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional.

Antifraude de la Comunidad Valenciana también destaca que otra de las “principales irregularidades detectadas en la tramitación” es el incumplimiento de parte de las determinaciones que fija el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (Patrivoca) que, según destaca, impidió que la estación se inaugurara “en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana en otoño del año 2024″. De hecho, la recepción de la obra estaba prevista precisamente para el 29 de octubre, día en el que se produjeron las lluvias torrenciales que causaron 228 muertos. Finalmente, “en febrero de 2025, tras las reparaciones realizadas con posterioridad a la dana, se inauguró la estación de tren de Albal”.

El responsable de la agencia destaca que no ha podido “analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden” las competencias de la agencia, en referencia a Adif y su expresidenta, Pardo de Vera. “Por la misma razón, tampoco examinó si los modificados del contrato, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificados”. Beut también resalta que parte de las obras fueron financiadas en parte con fondos de la Unión Europea.

En su escrito, fechado el pasado viernes, el director de antifraude detalla que el segundo expediente administrativo que remite al Supremo es el que abrió en 2021 a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) en cuya creación en 1992 participó Ábalos y que ha tenido entre sus vocales a otros cargos socialistas en la Comunidad Valenciana. La fundación, que como tal no tiene ánimo de lucro y que ha recibido casi cinco millones de euros en subvenciones para los proyectos de cooperación en América Latina, también está bajo el foco de la investigación del Supremo tras constatarse, por ejemplo, que recibió donaciones periódicas de Servinabar, la empresa navarra supuestamente en el origen de la presunta trama corrupta que salpica a Cerdán.

Según detalla ahora Antifraude, el expediente concluye que esta fundación ha incurrido “en causa de disolución por no haber sido aprobadas las cuentas” del periodo 2016-2020. La agencia advierte de que más allá de la constatación de que había incumplido la obligación sobre las cuentas, “no se realizaron actuaciones de investigaciones adicionales por considerar que tendrían el carácter de prospectivas”, algo prohibido por ley. No obstante, Antifraude considera que el expediente puede ser de utilidad a la investigación porque “puede permitir a los investigadores conocer la evolución de la fundación en estos años y de los cargos de patronos en el periodo comprendido entre 1992 a 2023″.