Bolaños firmó en solitario la ley de Secretos ante la división del Gobierno

La elaboración de la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la ley franquista de Secretos Oficiales todavía vigente, ha provocado fuertes tensiones en el seno del Ejecutivo, hasta el punto de que el anteproyecto lo tuvo que presentar en solitario al Consejo de Ministros del pasado martes el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Las firmas de los restantes ministros que inicialmente suscribían el anteproyecto —la titular de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares— desaparecieron del texto definitivo. Según fuentes gubernamentales, el mayor encontronazo se produjo con Robles, quien retiró su firma como gesto de desacuerdo, y fue seguida por otros colegas de Gabinete, en parte para que la ausencia en solitario de la ministra no dejara en evidencia la división interna.

Fuentes del departamento de Presidencia restan importancia al hecho de que el anteproyecto solo lo firme el ministro Bolaños. “El texto ha sido elaborado por varios ministerios, en diálogo permanente con todos ellos, y es normal que el ministerio coordinador e impulsor aparezca como el proponente. Además”, agregan, “es una ley que afecta a todos los ministerios en la medida en que todos los ministros tendrán capacidad para clasificar o desclasificar información en las categorías de confidencial o restringido, por lo que también es lógico que figure como proponente el ministerio coordinador y no los 22 ministerios, que son los afectados.” La elaboración del texto corrió a cargo de un grupo de trabajo liderado por Presidencia e integrado por representantes de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.

El motivo de fricción fue la decisión de trasladar al Ministerio de Presidencia la Autoridad Nacional de Seguridad para la Protección de la Información Clasificada, verdadera guardiana de los secretos de Estado, que ahora está en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), encuadrado en Defensa. Esta autoridad es responsable de custodiar toda la documentación clasificada como de alto secreto, secreto y confidencial, así como la recibida de otros Estados u organizaciones internacionales. Entre sus funciones figuran garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de información clasificada y de las obligaciones internacionales asumidas por España en la materia; asesorar técnicamente al Gobierno y relacionarse con las autoridades internacionales; informar las propuestas de clasificación de los distintos ministerios; apoyar a las autoridades competentes y coordinar a las unidades de los distintos ministerios y llevar los registros y bases de datos. Su misión más delicada, sin embargo, es valorar la idoneidad de las personas físicas y jurídicas que pueden tener acceso a información secreta, emitiendo, denegando, suspendiendo o retirando la correspondiente habilitación de seguridad. También las empresas que manejen información clasificada o los establecimientos donde esta se almacena, por trabajar en contratos militares o secretos, necesitan esta acreditación.

La autoridad nacional delegada es en este momento la directora del servicio secreto CNI, Esperanza Casteleiro, que cuenta con el apoyo de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), un organismo creado en 1983 donde trabajan un centenar de agentes secretos. Antes de conceder la habilitación de seguridad, que poseen en distintos grados varios miles de personas en España, realizan una investigación a los candidatos para descubrir posibles vulnerabilidades ante servicios de espionaje extranjeros. El traslado de este organismo a La Moncloa no es sencillo, ya que se nutre con personal estatutario del CNI, que debería abandonarlo si quiere seguir realizando la tarea que ahora desempeña.

Bolaños ha defendido este cambio subrayando que España se homologa así a sus socios europeos y que es lógico que sea un ministerio transversal como el suyo el que establezca criterios homogéneos y normas comunes para los departamentos que más información clasificada generan: Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Subraya, además, que los problemas de gestión del personal se diluirán a medida que avance el proceso, que se demorará años, ya que la ley no entrará en vigor hasta pasado un año de su publicación en el BOE, a finales de 2026 en el mejor de los casos, y el traslado no se ejecutará hasta que se apruebe su futuro reglamento.

Pese a ello, el texto del anteproyecto ha sufrido modificaciones de última hora para contentar a los distintos ministerios. Entre otras, que las habilitaciones de seguridad para el “personal con dependencia exclusiva del Ministerio de Defensa” las otorgue la titular de dicho ministerio, en vez de Presidencia, mientras que el ministro del Interior dará las habilitaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No ha sido ese el único cambio introducido para intentar suavizar fricciones. También se ha añadido en el último momento que la ministra de Defensa “ejercerá las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Seguridad respecto a la información clasificada en el ámbito de las relaciones con la OTAN” y su departamento llevará el registro de las diligencias y directivas de clasificación de la información secreta de la Alianza Atlántica, así como el registro de las habilitaciones de su personal. En la práctica, habrá dos autoridades de seguridad; una nacional, en Presidencia, y otra de la OTAN, en Defensa, además de la de Interior, con menos competencias. Pero eso no ha sido suficiente para llegar a un consenso.

Por otra parte, fuentes de Sumar aseguran que, a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el socio minoritario del Gobierno ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de Secretos, “fundamentalmente dirigidas a establecer plazos de desclasificación mucho más cortos”. El socio minoritario del Gobierno quiere dejar claro que no se podrá clasificar “información relevante para la incoación de procesos judiciales en los que se persigan conductas que atenten contra la dignidad del ser humano”. También pretende que las sanciones sean “menos elevadas” y que la comisión de Secretos Oficiales del Congreso tenga el máximo acceso. Sumar, según las mismas fuentes, presentará enmiendas cuando el texto llegue al Congreso, informa Paula Chouza.