Los barrios de Palma se sublevan contra la nueva ley urbanística de PP y Vox

A las siete de la tarde del jueves más de medio centenar de vecinos del Secar de La Real, un pequeño barrio de la periferia de Palma, se citaron en el parque de Son Cànaves bajo un sol abrasador. Fueron llegando con sus sillas, armados con botellines de agua, sombreros y algún que otro perro. La reunión tenía como objetivo acordar medidas para movilizarse contra la aprobación en el Parlamento de Baleares de una ley que contempla reclasificar las llamadas áreas de transición, reservas de suelo rústico, para convertirlas en suelo urbanizable y poder construir más viviendas en la capital balear y el resto de municipios de las islas de más de 20.000 habitantes. La nueva normativa prevé una reducción importante de los plazos de tramitación de los proyectos residenciales y la obligación de reservar la mitad del suelo para vivienda de precio tasado o de protección oficial.

Una ley a la que se opone de manera frontal de Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma que ha llamado a la movilización de todas las agrupaciones vecinales a lo largo y ancho de la ciudad al considerar que la ley de PP y Vox fomentará la especulación y provocará crecimientos de población desaforados en los barrios sin una planificación equivalente de los servicios. Solo en el Secar de la Real, un barrio de 4.800 habitantes, la población pasaría a ser de más de 10.000 personas, según los datos que maneja la asociación, que en barrios como Son Ximelis, Son Roca o Son Anglada llegaría a cuadruplicarse con respecto a la actualidad. Apolonia Gil, presidenta de la asociación de vecinos del Secar de La Real, lamenta que la actual falta de servicios del barrio se agravaría aún más con el crecimiento descontrolado del barrio. “Perderemos la parte rústica por la que mucha gente se decidió a venir aquí. Tenemos una única carretera que nos conecta con la ciudad, sin aceras, por la que salimos 4.000 personas, ¿cómo vamos a salir 10.000?”, se pregunta.

Xesca Thomàs, de 70 años, ha acudido a la asamblea con su perra Ruth. Vive en el barrio desde hace décadas y cree que es necesario realizar una labor de información por todas las zonas afectadas de la ciudad para que se puedan tomar decisiones propias. Considera que la existencia de una emergencia habitacional “cierta y dramática” no puede ser la excusa para cuadruplicar la población en los barrios “en los que la gente tiene que poder decidir”. Los vecinos intercambian opiniones y acuerdan asistir al pleno del Parlamento para protestar como medida de presión. “Nos vamos a encontrar con densidades de población que triplican las de Hong Kong” dice uno de los asistentes.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha impulsado estas asambleas en casi todos los barrios de la capital en los últimos días, con el objetivo de informar a los residentes de los efectos que la nueva ley tendrá en su barrio y de aunar esfuerzos para protestar. La presidenta de la Federación, Maribel Alcázar, denuncia que con la nueva ley se incrementará la edificabilidad de Palma en un 45% con respecto a la contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana, lo que considera que “incrementará el beneficio de constructores y promotores”. Según los datos que maneja la federación, el espacio público se reducirá de los 12 metros cuadrados por habitante a los 5 metros cuadrados, sin una previsión de equipamientos y servicios básicos. Otro de los aspectos que no le convence es la reserva de suelo para vivienda de precio limitado, que es un 30% más cara que la vivienda de protección oficial y que considera “inaccesible” para sueldos de 1.500 euros. “La nueva ley tiene un efecto llamada para los fondos especulativos, el blanqueo de capitales, el negocio del alquiler turístico y las economías extranjeras” sostiene.

Este lunes más de 200 vecinos de Palma han acudido a la llamada de la federación y de otras entidades como el Fórum de la Societat Civil, que engloba a decenas de asociaciones ecologistas y sociales, y se han manifestado a las puertas de la cámara balear, donde se ha aprobado finalmente la ley con los votos a favor del PP y la ultraderecha. Bajo el lema ‘Paremos la macrourbanización, basta de masificación’, los vecinos han lanzado proclamas acusando al Gobierno de la popular Marga Prohens de vender las islas a los promotores y de permitir la especulación. La norma permitirá construir en suelo rústico sin haber agotado el suelo urbanizable de los municipios de más de 20.000 habitantes y aplica una amnistía urbanística para las construcciones ilegales erigidas en la sierra de Tramontana antes de 1991, cuando entró en vigor la ley de Espacios Naturales. El Gobierno balear ha defendido la ley en la necesidad de habilitar vivienda para las rentas medias y bajas. “Algunos han interpretado en el pasado que la forma de evitar el crecimiento poblacional es establecer restricciones urbanísticas, pensando que si no hay viviendas la gente no vendrá, pero sí, la gente viene. El problema es que tenemos a gente viviendo en caravanas porque no tiene un techo, pero tiene un puesto de trabajo” ha señalado el vicepresidente del ejecutivo balear, Antoni Costa, quien ha insistido en que las políticas de urbanística para evitar el crecimiento poblacional impulsadas por la izquierda “han fracasado”.