A juicio el acusado de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: “Vivía una vida de lujo”

Siete años después de que estallara el escándalo, la mayor estafa inmobiliaria cometida en Baleares llega a juicio. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra desde este jueves el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujocasa, por la que nueve personas serán juzgadas por presuntamente defraudar 3,3 millones de euros a 240 personas mediante la venta de una treintena de promociones de viviendas en Mallorca que nunca llegaron a construirse. El cerebro de la trama, el agente inmobiliario Carlos García Roldán, se enfrenta a una petición de 16 años y medio de cárcel por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible, estafa agravada, falsedad y blanqueo de capitales. Hasta el último momento ha estado negociando un acuerdo de conformidad con la fiscalía, que finalmente no ha cuajado.

Dos de las acusadas, la exnovia de García Roldán y la prima de esta, han aceptado una condena de nueve meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y el pago de una multa de 30.000 euros después de suscribir un acuerdo de conformidad con la fiscalía, que les ha retirado la acusación por pertenencia a organización criminal y ha aplicado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Durante su declaración ante el tribunal, la exnovia de García Roldán ha explicado que fue dada de alta en la inmobiliaria, de la que cobraba un sueldo, pero no iba a trabajar. Ha admitido que el cerebro de la estafa le hacía transferencias de dinero de forma periódica que, posteriormente, volvía a transferir a cuentas de Ecuador y Colombia. Este dinero fue utilizado por el principal acusado para vivir en Colombia, país al que se fugó cuando estalló el caso y en el que fue detenido después de una operación entre la policía del país y la Guardia Civil. “Vivía una vida de lujo” ha dicho la mujer, que ha reconocido que nunca le preguntó a su entonces pareja por el origen del dinero: “Siempre hacía lo que él me decía”, ha justificado. Su prima ha declarado en la misma línea y ha admitido que también movió el dinero a través de cuentas bancarias sin preguntar de dónde salía.

Durante la primera jornada del proceso, que previsiblemente se extenderá varios meses, ha declarado la administradora concursal que se encargó de custodiar la empresa cuando se desencadenó el proceso judicial. Según los informes aportados, García Roldán recibió 404.000 euros en efectivo de señales y reservas de los clientes que querían comprar una casa y que nunca llegaron a ser ingresados en cuentas bancarias. Los informes de la Guardia Civil han constatado que buena parte de ese dinero fue a parar al Casino de Mallorca, joyerías y tiendas de lujo, donde García Roldán dilapidó los ahorros de sus clientes. Además, los acusados retiraron fondos por valor de 1.090.000 euros “sin que exista justificación empresarial o económica de ese dinero”. Y es que la forma de operar de la empresa no seguía los cauces reglamentarios.

El acusado, según ha explicado la administradora concursal, constituyó la sociedad Lujocasa con un capital social de 6.000 euros, aportando en especie un coche cedido por su hermano que, realmente, nunca llegó a estar a disposición de la sociedad. De las 38 promociones que tenía planificadas, había 18 que tenían un coste de ejecución de más de 34 millones de euros. Además, vendieron 15 promociones sin tener derecho alguno sobre los solares en los que se iban a edificar. “Era imposible acometer esta inversión porque no había ninguna vía de financiación interna o externa, además es ilegal utilizar las aportaciones de los clientes para ejecutar la obra, ese dinero tiene que estar reservado en una cuenta específica” ha señalado la administradora concursal.

Casos sangrantes

Sin libros de socios, sin ampliaciones de capital y sin una contabilidad oficial, los contratos se firmaron con los clientes sin tener en cuenta los cargos que cada uno de los acusados representaba en la sociedad. Y es que junto a García Roldán se enfrentan a penas de cárcel su mano derecha, Michele Pilato, para quien la fiscalía reclama diez años de prisión, así como un constructor y otros trabajadores de la empresa.

El listado de víctimas asciende a 240 personas, que entregaron distintas cantidades para hacerse con las viviendas. En el escrito de acusación de la fiscalía figuran casos sangrantes, como el de una pareja que entregó 100.000 euros como señal o dos hermanos de nacionalidad extranjera que entregaron 97.845 euros cada uno a la trama para comprar dos casas. El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Palma y está previsto que la declaración del principal acusado tenga lugar en septiembre.