Dos detenidos por la filtración de datos personales de Sánchez y otros políticos

Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han detenido este martes en el municipio grancanario de Agüimes a Yoel O. Q. y Cristian Ezequiel S. M., de 18 y 19 años, por su presunta implicación en la difusión masiva a través de chats en internet de ideología ultra de datos sensibles de miles de personas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros, presidentes autonómicos y otros altos cargos públicos. También filtraron información de militantes de partidos de izquierda y de profesionales de medios de comunicación, así como las credenciales de acceso a las webs de formaciones políticas. El Ministerio del Interior ha calificado en una nota a los arrestados ―que actuaban bajo los seudónimos @akkaspace y @Pakito― de “amenaza muy grave para la Seguridad Nacional”. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge tiene abierta una causa por estos hechos por los delitos de ciberterrorismo y contra las altas instituciones del Estado.

Los dos arrestados habían amenazado en los últimos días con continuar con la difusión de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno, a la vez que ofrecían a sus seguidores, a cambio de un pago en criptoactivos, la “potente herramienta” que supuestamente estaban utilizando para obtener esa información. “Con solo un comando, podrás acceder rápidamente a información útil para verificación, gestión o análisis, todo desde la comodidad de tu móvil o PC. Ideal para profesionales que necesitan datos confiables al instante”, se promocionaban aprovechando la repercusión mediática que habían obtenido con la difusión masiva de los datos. Todo ello junto a las etiquetas #noalacorrupción #españalibre y #sánchezdimisión.

Según la Policía, los detenidos se habían repartido los roles. Uno era el presunto responsable de la obtención y posterior filtración de los datos, mientras que el segundo se encargaba de canalizar el beneficio económico de sus actividades a través de un monedero virtual para dificultar el rastreo del dinero y preservar su anonimato. Durante ese martes se procedió al registro de los domicilios de los dos sospechosos en la isla, donde se han intervenido “numerosos efectos y soportes técnicos”, según Interior. Los chat a través de los cuáles difundieron los datos ―uno de ellos llegó a tener 90.000 seguidores― han sido bloqueados, el último este mismo martes.

Las pesquisas se iniciaron hace dos semanas, cuando la Policía Nacional presentó en la Audiencia Nacional un atestado en el que informaba de que en un chat de la aplicación de mensajería Telegram se había subido un documento en el que aparecían los domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico (algunos antiguos o erróneos, pero otros actualizados) de siete ministros ―entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero― y varios exdirigentes del PP y de Podemos.

Un día más tarde, en el mismo chat se producía una segunda filtración de información confidencial. En esa ocasión, se difundían datos de otros miembros del Gobierno ―como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz―; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la dirigente de Podemos Ione Belarra, así como de los cuatro principales investigados por la presunta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes: el antiguo titular de la cartera, José Luis Ábalos; su exasesor, Koldo García; el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. También aparecían datos de 300 afiliados del PSOE.

El pasado jueves se registraba la tercera filtración masiva de datos, esta vez en un segundo chat en Telegram con menos seguidores ―algo más de 1.000― al haber sido supuestamente bloqueado el primero. Esta incluía información de Sánchez (su número de DNI, dirección de correo electrónico personal, fecha de nacimiento y dirección en Madrid), de otros nueve ministros, así como de líderes autonómicos como la extremeña María Guardiola y el andaluz Juan Manuel Moreno, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. También se recogían datos de 3.000 afiliados de Podemos. En el nuevo chat volvieron a colgar los datos de las dos primeras filtraciones.

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación al considerar que esta difusión masiva de datos personales en internet pueden encuadrarse, tras la reforma de 2015 del Código Penal, como un delito de terrorismo. La ley contempla que este tipo de ataques informáticos pueden ser catalogados como terrorismo si, entre sus supuestas finalidades, está “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.