La Audiencia Nacional investiga como ciberterrorismo la difusión de datos personales de Sánchez y otros altos cargos

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por ciberterrorismo y por un delito contra las altas instituciones del Estado por la reciente difusión a través de al menos dos chats de internet de ideología ultra de los datos personales de miles de personas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros, presidentes autonómicos y otros altos cargos públicos, así como de militantes de partidos de izquierda, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha indicado este viernes que las filtraciones “nos tienen que preocupar” y pide a la Justicia que “investigue y señale” a quienes han publicado los datos.

La decisión la ha tomado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, tras recibir la semana pasada un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional en el que le informaba que en un chat de la aplicación de mensajería Telegram con más de 90.000 usuarios, dos de ellos bajo el seudónimo @akkaspace y @Pakito habían subido el pasado jueves un documento en el que aparecían los domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico (algunos antiguos o erróneos, pero otros actualizados) de siete ministros ―entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero― y varios exdirigentes del PP y de Podemos.

Un día más tarde se producía una segunda filtración. En esa ocasión se difundían datos personales de otros miembros del Gobierno ―como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz―; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del president de la Generalitat, Salvador Illa, y de la dirigente de Podemos Ione Belarra, así como de los cuatro principales investigados por la presunta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes: el antiguo titular de la cartera, José Luis Ábalos: su exasesor, Koldo García; el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. También aparecían datos de 300 afiliados del PSOE.

Este jueves se registraba la tercera filtración de datos, ahora por un segundo chat en Telegram con menos seguidores ―algo más de 1.000― al haber sido supuestamente bloqueado el primero. Esta incluía información de Sánchez (su número de DNI, dirección de correo electrónico personal, fecha de nacimiento y dirección en Madrid), de otros nueve ministros, así como de líderes autonómicos como la extremeña María Guardiola y el andaluz Juan Manuel Moreno, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como de 3.000 afiliados de Podemos. Todo ello junto a las etiquetas #noalacorrupcion #españalibre y #sanchezdimision y mensajes en los que su administrador amenaza con continuar con filtraciones de datos personales. En el nuevo chat se volvían a colgar los datos de las dos anteriores filtraciones.

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación al considerar que esta filtración masiva de datos personales en internet pueden encuadrarse, tras la reforma de 2015 del Código Penal, como un delito de terrorismo. La ley contempla que este tipo de ataques informáticos pueden ser catalogados como terrorismo si, entre sus supuestas finalidades, está “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. La Comisaría General de Información, autora del informe que ha dado pie a la apertura de la investigación judicial es, de hecho, la especializada de investigar, entre otros, los delitos de terrorismo en sus diferentes variables. La causa se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha mostrado este viernes su preocupación por la filtración masiva de información confidencial: “Pensemos que ahí se esconden datos personales y privados de personas, en este caso además, personas con responsabilidades políticas e institucionales, y yo desde luego lo que espero es que la justicia investigue y señale por supuesto a aquellas personas que están provocando esta filtración, que son absolutamente imperdonables”.