Cae una red que pedía hasta 8.000 euros por trámites falsos de residencia para inmigrantes

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a estafar a inmigrantes en situación irregular en España a los que reclamaban hasta 8.000 euros por trámites de residencia que resultaban ser falsos. En la investigación, por la que han sido detenidas 12 personas, está implicado un funcionario de un ayuntamiento de la provincia de Toledo, según ha informado el cuerpo policial este lunes. “Su colaboración habría sido esencial para el funcionamiento de la red, proporcionando una vía directa para dar apariencia de legalidad a trámites fraudulentos”, detallan los investigadores en un comunicado. La trama usaba datos a los que solo pueden acceder funcionarios para pedir permisos de residencia de para extranjeros en situación irregular.

Las víctimas de la red eran migrantes sin permiso de residencia. Se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad, por no conocer el país y ni sus leyes, para ofrecerles la posibilidad de hacerles los papeles de residencia alegando circunstancias excepcionales, como el arraigo social, laboral o familiar. Para ello, según ha explicado el cuerpo policial, hacían “expedientes falsos” en los que simulaban que tenían trabajo o constaban familiares inexistentes, y aportaban documentación fraudulenta. Les cobraban cantidades que oscilaban entre 3.000 y 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite. Durante la operación se han realizado seis registros y han sido detenidas 12 personas: cinco en Guadalajara, cuatro en Madrid, dos en Toledo y una en Barcelona.

Uno de los métodos más frecuentes que utilizaba la red era la venta de resguardos falsos de protección internacional, por 1.000 euros. Con este documento, que normalmente se entrega a personas que inician un proceso de solicitud de asilo, intentaban dar tranquilidad a las víctimas, que creían que estaban protegidas de órdenes de expulsión. Sin embargo, era completamente falso y no tenía validez alguna, subrayan los investigadores.

“Los miembros del grupo se aprovechaban de sus conocimientos en materia legal y administrativa para simular asesorías jurídicas y facilitar instrucciones sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados”, ha explicado la Policía Nacional. Incluso les daban guiones y pautas sobre qué declarar cuando se encontraban frente a la policía o en la oficina de extranjería.

La petición de un permiso de residencia en Teruel en octubre de 2024 dio origen a las pesquisas. En la solicitud, se reclamaba una reagrupación familiar, pero no se había aportado el certificado de inscripción de pareja, y algunos de los documentos levantaron las sospechas por su apariencia de falsificados.

A raíz de este hallazgo, la investigación se extendió por diferentes provincias. En los últimos ocho meses, los investigadores han identificado “decenas de trámites administrativos de extranjería” en los que se usaba la identidad de “varias personas” sin su consentimiento para pedir la reagrupación familiar y beneficiar a extranjeros en situación irregular. Esas personas, al igual que los migrantes, también fueron víctimas de engaños y estafas posteriores.