El periodismo nicaragüense busca un pasaporte español: “Tenemos órdenes de captura en nuestro país”

La periodista nicaragüense Tania Jeanneth López Rodríguez pasó más de dos años trabajando en las sombras. Tratando con sus fuentes en la clandestinidad. Tenía prohibido hacer entrevistas en lugares públicos, pero en uno de sus últimos artículos se saltó el veto y quedó con su entrevistado en un parque de León, a cien kilómetros de Managua, la capital. La charla duró muy poco. Un grupo paramilitar afín al régimen de los Ortega les interrumpió abruptamente. “Venga con nosotros”, le ordenaron al entrevistado, un excombatiente rebelado contra el Gobierno. A López le dieron el que ella interpretó como un último aviso: “Este no es espacio para hacer un trabajo oculto”. La siguiente orden fue la de acudir a una comisaría para acreditar que no había salido del país, la excusa para que aquel 11 de junio allanasen su casa y le requisasen su ordenador y su pasaporte. Al día siguiente, López huyó a Costa Rica, donde lleva ya más de un año en el exilio, junto a miles de sus compatriotas a los que con el robo de su pasaporte se les ha despojado de su nacionalidad.

López es una de los siete periodistas que el pasado 19 de mayo pidieron al Ministerio de Exteriores español que les conceda la nacionalidad. Los informadores quieren sumarse a los más de 300 nicaragüenses a los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado la nacionalidad por carta de naturaleza cuando, en 2023, el régimen de Daniel Ortega les quitó y anuló sus pasaportes, como parte de una campaña cada vez más represiva contra sus opositores. Exteriores, que en su momento extendió su oferta “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones” políticas de Ortega, afirma ahora que estudia “los motivos” de cada caso.

La primera petición de ayuda de este grupo de periodistas fue al cónsul de España en Costa Rica, el pasado 19 de mayo. Y, después, remitieron la misma demanda a al menos ocho autoridades, desde el presidente Sánchez hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Algunos de ellos tienen órdenes de captura sobre ellos en Nicaragua y temen “que haya órdenes de restricción internacional”, cuenta Carmen Lucía Navas Galeano, otra de las periodistas afectadas. La historia de estas siete personas muestra que ser periodista y ser nicaragüense conlleva cada vez más peligros. Navas afirma que su salida forzada del país se debe a que fueron testigos “de los crímenes brutales que hizo la dictadura”. Dice estar pagando “un alto precio por seguir informando” a su gente. Ella cubrió el Gobierno de Daniel Ortega durante 11 años para el diario La Prensa. Durante ese tiempo, sufrió presiones, agresiones y amenazas “por la denuncia de los crímenes que se estaban cometiendo y toda la corrupción”, hasta que las autoridades también confiscaron su pasaporte. Ahora, dirige Expediente Público desde el exilio en Costa Rica. “Ya no dan declaraciones ni los sacerdotes de Nicaragua”, denuncia.

“El 100% de la prensa independiente en Nicaragua está en el exilio”, revela la vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras (RSF), Edith Rodríguez. La organización asegura que 20 medios nicaragüenses han tenido que abandonar el país, lo que se traduce en, aproximadamente, 175 periodistas huidos. Muchos han recalado en España. Medios como Despacho 505, La Lupa o República 18 han resucitado a miles de kilómetros de sus redacciones. Siguen colgados de todo lo que ocurre en su país. Cuando anochece y después de una jornada laboral de ocho horas en otros trabajos—generalmente, precarios—, los periodistas enchufan una cámara e informan durante dos horas a sus conciudadanos. Muchas de estas profesionales son mujeres “con un marcado papel feminista” y que terminan trabajando en sectores laboralmente inestables, como los cuidados, advierte Rodríguez.

Estos siete periodistas han acabado exiliados en Costa Rica sin ningún documento oficial con el que identificarse como nicaragüenses. Son apátridas de facto, el régimen les ha robado parte de su identidad. Han pedido asilo o ya cuentan con su estatus de refugiados, pero quieren vincularse con España, país que consideran más seguro que el pequeño Estado centroamericano donde se han refugiado, fronterizo con su país natal. Prueba de ello es el asesinato a tiros del opositor nicaragüense Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y con la nacionalidad española desde 2023.

Desde las protestas de 2018 por la reforma de la seguridad social, que acabó con 300 muertos y más de 85.000 desplazados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ortega viene reprimiendo las voces contra su régimen, despojándoles de su nacionalidad. Es el primer paso hacia el exilio. La alternativa es quedarse y, probablemente, acabar en prisión. El último informe de la CIDH pone de manifiesto la “continuidad de un patrón de persecución contra periodistas” a través de esta práctica.

Personajes públicos como el escritor nicaragüense desnacionalizado y ganador del Premio Cervantes en 2017, Sergio Ramírez y algunas entidades, tanto españolas como internacionales, han apoyado esta causa. La Asociación de la Prensa de Madrid instó al Gobierno a “atender las demandas” de los siete periodistas exiliados. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha hecho lo propio y ha enfatizado que la ONG ya ha acogido en España a otros periodistas nicaragüenses.

Rodríguez explica que para la copresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, “la narrativa pública y el combate a los medios son una obsesión específica suya”. Murillo se dirigió a ellos pocos días después de la solicitud a España, a través del Canal Parlamentario de Nicaragua: “El amor a Nicaragua es lo que nos caracteriza. Quienes no aman la patria, ¿qué pueden decir? No pertenecen. No son [nicaragüenses], desgraciadamente para ellos”.

Nicaragua se ha hundido en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que la ONG realiza cada año. En el año 2019, se encontraba en el puesto 90, de 180. En 2025 ha caído al puesto 172. Ocupa el último lugar de los estados americanos y tan solo ocho países respetan menos a la prensa y periodistas independientes: Vietnam, Turkmenistán, Afganistán, Irán, Siria, China, Corea del Norte y Eritrea.

Donaldo Eliezer Hernández, corresponsal de La Voz de América, fue citado por la Fiscalía, acusado de quebrantar la ley Especial de Ciberdelitos y la ley de Agentes Extranjeros, unas normas que, en palabras de la vicepresidente de RSF, fueron creadas “expresamente” para perseguir voces disidentes. “Intentaron inculparme por un ciberdelito, por propagación de noticias falsas y traición a la patria”, relata por videollamada. Salió en 2021, “con la esperanza de regresar a Nicaragua”.

Aunque llegaron al exilio con lo puesto, todos tienen una carpeta que guardan con celo. Es una hemeroteca de su trabajo: son recuerdos, pero también pruebas de su persecución. Ahora, desde el exilio, siguen sumando páginas. No han dejado de informar sobre Nicaragua, ejerciendo el periodismo con la convicción de que contar lo que ocurre en su país es también una forma de seguir perteneciendo.