La Justicia obliga al Ayuntamiento de Cartagena a habilitar un área del cementerio municipal para enterramientos islámicos

Los musulmanes que residen en Cartagena (Región de Murcia, 222.000 habitantes) no podían ser enterrados por el rito islámico en la ciudad. Hasta ahora. Un juez ha dado la razón a la comunidad islámica AFAMUCA, que llevó el caso a los tribunales, y obliga al Ayuntamiento a habilitar, dentro del cementerio municipal, “una zona con suficientes parcelas destinada al enterramiento de personas fallecidas de fe musulmana conforme a los preceptos funerarios islámicos que así lo soliciten”.

La sentencia, fechada el pasado 30 de mayo, pone fin a un problema que la comunidad musulmana local, que integran unas 30.000 personas, llevaba años arrastrando ante el silencio de la administración pública, según explica a EL PAÍS Ana María Lozano, presidenta de la comunidad islámica que ha promovido la iniciativa. Los contactos con el Ayuntamiento comenzaron de manera informal en la pasada legislatura y, tras las elecciones municipales de 2023, Lozano entregó en el Consistorio una solicitud firmada por medio centenar de personas para reclamar un espacio en el camposanto, sin recibir respuesta. Decidió entonces constituir la comunidad islámica AFAMUCA que, el 7 de octubre de 2024, cursó una solicitud formal en el Ayuntamiento, de la que tampoco han vuelto a tener noticias. El siguiente paso, a finales de noviembre de 2024, fue el de recurrir a la justicia por una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto. Y la justicia considera que, en efecto, se ha vulnerado este derecho.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es tajante al afirmar que el silencio mantenido por el Ayuntamiento de Cartagena a la solicitud de la comunidad islámica implica que los musulmanes que residen en la ciudad “no puedan recibir sepultura con arreglo a los ritos de su creencia religiosa”. Durante el juicio, según recoge el texto, el Ayuntamiento alegó que ya estaba tramitando un expediente urbanístico para construir un “cementerio multiconfesional” colindante al municipal. Para la secretaria general de la Asociación de Consumidores Halal (ACOHA), Marian Aretio, que ha asesorado a la comunidad islámica de Cartagena en este caso, el Consistorio “jugó a la confusión” con esa explicación, ya que la construcción de un cementerio de titularidad privada nada tiene que ver con la reclamación de AFAMUCA, que es la de que recibir un servicio público, en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de la localidad. Ese derecho, recuerda, está asistido por la propia Constitución, pero también por la Ley de Bases de Régimen Local, que concede a los ayuntamientos las competencias en esta materia; la ley de Libertad Religiosa aprobada en 1980, y la Ley 26/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España y que reconoce expresamente a las comunidades islámicas el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios.

En su sentencia, el juez da un tirón de orejas al Consistorio, al que recrimina que ni siquiera aclaró si el expediente urbanístico era para ampliar el camposanto de titularidad pública o para construir uno nuevo privado. En cualquiera de los dos casos, dice la sentencia, sería un proyecto “distinto de lo solicitado por AFAMUCA”. “Si las personas que profesan el Islam tuvieran que esperar a que se ampliara el cementerio municipal o a que se construyera el cementerio islámico por iniciativa privada (…) para que el Ayuntamiento les cediera las parcelas, es evidente que se estaría infringiendo el artículo 2.5 de la Ley 26/1992”. Según esta ley, las personas musulmanas, señala el juez,“al igual que el resto de personas fallecidas no pertenecientes a la religión islámica, pueden enterrarse en el cementerio municipal”.

Para Lozano, esta es la clave del conflicto: que todos los ciudadanos de Cartagena tienen el mismo derecho a ser enterrados en el cementerio municipal, sean de la religión que sean. “Somos ciudadanos de pleno derecho. Yo he nacido en Cartagena pero, por mi religión, se me está negando una sepultura digna, en igualdad de condiciones que al resto de mis vecinos”, subraya.

El Ayuntamiento de Cartagena ha asegurado a EL PAÍS que no tienen intención de recurrir esta sentencia, que cumplirá, ya que el gobierno municipal, formado por una coalición del PP y Vox, “es consciente de esa necesidad” y está trabajando “desde hace meses con la comunidad islámica en una solución que cumpla con las condiciones y características que requieren los enterramientos según la práctica de esa confesión”. Reconocen también que “la presencia de población musulmana es importante en este municipio”, pero apuntan que “la preferencia de las familias solía ser la repatriación de los fallecidos a sus lugares de origen, principalmente Marruecos con el respaldo de su consulado”.

ACOHA confirma ese extremo pero apunta a que es una tendencia que está comenzando a cambiar, ya que muchas de las personas que llegaron de Marruecos en los años 80 y 90 han echado raíces en su lugar de residencia, donde han tenido hijos e incluso nietos, y prefieren ser enterrados cerca de sus familiares.

El problema suscitado en Cartagena es común a toda España, donde hay actualmente solo 35 cementerios islámicos, en su mayoría, en parcelas en camposantos municipales, aunque muchos de ellos solo ofrecen enterramientos a las personas empadronadas en el municipio. En la Región de Murcia hay un único espacio para los fallecidos de esta confesión, en el cementerio municipal de Murcia capital, solo para los fieles empadronados allí. El resto de murcianos que profesan el Islam “tienen que buscarse la vida”, lamenta Lozano. En el caso de los cartageneros, las opciones más cercanas son los camposantos de Valencia y Fuengirola (Málaga), a 260 y 425 kilómetros respectivamente y de titularidad privada, lo que implica pagos de unos 5.000 euros por hacer uso de esas instalaciones. “Es muy triste que, al sufrimiento por la muerte de un familiar, tengas que sumar la preocupación de buscar un lugar donde enterrarlo conforme a sus creencias, que ese lugar esté lejos de tu casa y que tengas que calcular el dinero que tendrás que gastar”, lamenta.

Por eso, para la secretaria de ACOHA, esta sentencia marca un precedente y es un “logro muy importante” no solo para la comunidad musulmana de Cartagena, sino para el conjunto de España, porque reconoce el amparo legal de estas personas a ser enterradas conforme a sus preferencias, y obliga a las administraciones a cumplir con la legislación vigente, a no alargar la “dejadez” que impera en este sentido y a abrir cauces de comunicación con las comunidades islámicas de cada municipio para no tener que llegar al extremo de ir a los tribunales, como en este caso.