El Poder Judicial avala que se desligue el mandato del fiscal general del Ejecutivo que lo nombre

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este lunes luz verde por unanimidad al informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado en mayo por el Consejo de Ministros, con el que el Ejecutivo busca reforzar la independencia y la autonomía del fiscal general del Estado y adaptarla a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El informe del CGPJ, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca que el anteproyecto de ley supone una modificación parcial y no un nuevo diseño de la institución. El Consejo echa en falta que se hable en todo momento el carácter de independencia de la Fiscalía, en opinión del órgano de gobierno de los jueces, la independencia de la institución debía citarse desde los primeros artículos del anteproyecto.

En cuanto a la autonomía orgánica del fiscal general, el informe saluda que se regulen las solicitudes que el Gobierno pueda dirigir al fiscal general del Estado y la prohibición de que estas puedan tener por objeto procedimientos concretos, pero denuncia la falta de una prohibición expresa de dirigir órdenes, instrucciones o indicaciones de cualquier tipo al fiscal. Valora que estas deban ser por escrito y comunicadas a la Junta de Fiscales de Sala, además de publicadas y registradas. Por otro lado, el CGPJ resalta que es bueno que el mandato del fiscal general se desligue del Ejecutivo que lo haya nombrado, el anteproyecto prevé que el cargo sea elegido por un periodo de cinco años no renovables y que no cese automáticamente cuando cese el Gobierno que lo haya propuesto. Sin embargo, el Poder Judicial sugiere una cláusula que impida que el nombramiento se lleve a cabo un año antes de la convocatoria de elecciones.

El Poder Judicial destaca que se limite el objeto de las comparecencias parlamentarias del fiscal que requieran las Cámaras para que se prohíba que versen sobre procedimientos en los que intervengan o hayan intervenido las Cortes. En su texto, el CGPJ saluda que, desde ahora, la competencia para acordar nombramientos y ascensos resida solo en la figura del fiscal general y no en el Ministerio de Justicia, pero considera incoherente que se mantenga la competencia del titular de Justicia para la declaración de las situaciones administrativas.

El texto del Consejo recomienda una nueva redacción en el articulado referido al reparto de trabajo en la Fiscalía para que se hable de una distribución de trabajo proporcional, transparente y equitativa con el fin de evitar arbitrariedades.

El CGPJ valora positivamente que este anteproyecto de ley adopte las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) en su Informe sobre la IV Ronda de Evaluación, de diciembre de 2013, donde se recogía la necesidad de dotar de mayor autonomía orgánica y funcional al ministerio fiscal, con especial atención a la figura del fiscal general.