El Supremo pide imputar a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por el supuesto amaño de obra pública

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Ábalos-Cerdán en el Tribunal Supremo, ha pedido imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas. Tras analizar el último informe de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez considera que existen “indicios consistentes” de que ambos “hubieran podido prestar asistencia” a la trama para conseguir los contratos millonarios bajo sospecha. Este movimiento de Puente se incluye en una amplia resolución dictada este viernes y que, entre otras iniciativas, autoriza al instituto armado a entrar en las sedes del PSOE y del Ministerio de Transportes para clonar los correos electrónicos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ex secretarios de Organización del partido socialista. También se citan como investigados a cinco empresarios implicados en la supuesta red corrupta.

Puente no imputa directamente a Pardo de Vera y Herrero, al considerar que su implicación debe investigarse en la Audiencia Nacional. El Supremo acordó que solo indagaría sobre Ábalos (actualmente es el único aforado salpicado, puesto que Cerdán dejó el escaño) y aquellas actuaciones o personas que tuvieran una vinculación relevante con el diputado. Por ello, el magistrado del alto tribunal ha avanzado que enviará el último informe de la Guardia Civil a su compañero Ismael Moreno, juez instructor de la Audiencia Nacional, para que este analice los indicios contra los exdirectivos de Adif y Carreteras; y decida si los imputa.

El escrito de Leopoldo Puente apunta sin paliativos contra Herrero y Pardo de Vera: “Hubieran podido prestar asistencia al aforado José Luis Ábalos a través de quien oficiaba como su asesor, el también investigado Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”. El magistrado señala que, según se desprende de las comunicaciones interceptadas y de las grabaciones del exayudante del ministro de Transportes, constan indicios suficientes de que podrían haber “facilitado de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que [Ábalos], a través de su asesor, les impartía”.

El informe de la UCO recoge grabaciones y comunicaciones de los dos exdirectivos donde conversan con Koldo García de las adjudicaciones bajo sospecha. Entre otras, los agentes destacaron el siguiente mensaje de WhatsApp enviado en abril de 2019 por Javier Herrero al asesor de Ábalos: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”.

Pardo de Vera ya se encuentra imputada en la Audiencia Nacional por otra línea de investigación del caso: la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica R., antigua pareja del socialista Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Al igual que ha hecho ahora, Puente reenvió esa parte a la Audiencia Nacional para que esta decidiera si la imputaba por ello. Un paso que dio el juez Ismael Moreno el pasado 20 de mayo, cuando le atribuyó los delitos de malversación y tráfico de influencias.

Los empresarios señalados

En su resolución, el magistrado del Supremo sí imputa directamente a cinco empresarios señalados por el presunto amaño de obras concedidas por Transportes en época de Ábalos. “Son personas que, en su condición (al menos) de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación”, explica el instructor. Este remacha que, a su vez, estos “pudieran haber participado en la realización de pagos” a cambio de los contratos. La Guardia Civil ya atribuyó a Cerdán la “gestión” de 620.000 euros en mordidas para Ábalos y García.

El juez del Supremo ha llamado a declarar como imputados el próximo 4 de julio a José Ruz, accionista de la mercantil LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción); y a los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, respectivos administrador mancomunado y apoderado de OPR (Obras Públicas y Regadíos). El 7 de julio ha citado a Fernando Agustín Merino, el exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja; y a Joseba Antxon Alonso, que constituyó las compañías Noran Coop y Servinabar.