El lehendakari anuncia un “análisis exhaustivo” de las contrataciones públicas para descartar conexiones con el ‘caso Cerdán’

El lehendakari, Imanol Pradales, quiere asegurarse de que no exista ninguna sombra de duda sobre la conexión del Gobierno vasco con la presunta red corrupta descubierta en el caso Cerdán y, en consecuencia, ha desvelado este viernes que el Ejecutivo autónomo que preside “está realizando ya un análisis exhaustivo de la contratación pública realizada en los últimos 10 años” ante los “gravísimos acontecimientos”, según ha calificado, que se están conociendo en los últimos días y que afectan directamente al PSOE, su socio de Gobierno en Euskadi.

Pradales ha afirmado que hasta la fecha no tiene “el más mínimo indicio, información o sospecha” de que el Gobierno vasco esté involucrado en alguna de las operaciones fraudulentas que se investigan, pero ha apelado a “razones de prudencia, transparencia y responsabilidad” para tomar la decisión de revisar las contrataciones que el Ejecutivo vasco ha realizado en los últimos 10 años.

El mandatario vasco se ha referido a este caso durante el pleno de control al Gobierno que se ha celebrado este viernes en la Cámara vasca. “He entendido siempre el ejercicio de la política desde la máxima responsabilidad, integridad, ejemplaridad y respeto. Ante los gravísimos acontecimientos que estamos conociendo y aunque a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha, por razones de prudencia, transparencia y responsabilidad, el Gobierno vasco está realizando ya un análisis exhaustivo de la contratación pública realizada en los últimos 10 años”, ha anunciado.

Estas declaraciones del lehendakari se producen tras conocerse que una de las empresas involucradas en la presunta trama corrupta está dirigida por el empresario vasco Antxon Alonso, nacido en Elgoibar (Gipuzkoa), y propietario de la firma Servinabar, que habría logrado contratos de calado con la administración de Navarra. En su intervención parlamentaria, Pradales se ha mostrado rotundo en contra de las irregularidades que se puedan producir en el ejercicio de la función pública: “Máxima transparencia, máxima celeridad, máxima contundencia en la toma de decisiones ante cualquier caso extraño, sea del tipo que sea, sea de corrupción o de otra cuestión porque lo más relevante es que la democracia cuenta con instrumentos para actuar, y tenemos que actuar democráticamente»

A este mismo asunto se ha referido en la misma sesión la consejera vasca de Movilidad, la socialista Susana García Chueca, quien ha asegurado que no existe ningún contrato de la Administración vasca en entredicho en el informe de la UCO sobre el caso judicial que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Ha añadido que tampoco se ha recibido ningún requerimiento de la Guardia Civil o de la Fiscalía sobre la actuación del Gobierno vasco.

El PP vasco ha anunciado esta semana que tiene previsto preguntar en sede parlamentaria sobre todos los contratos que el Ejecutivo (PNV-PSE-EE) habría cerrado con alguna de las empresas vinculadas con la trama supuestamente fraudulenta dirigida por los citados cargos socialistas. La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, indicó que “no consta” la existencia de contrataciones públicas realizadas con compañías que figuran en los informes de la Unidad Anticorrupción (UCO) de la Guardia Civil.