El Gobierno convoca 1.004 plazas para la estabilización de jueces y fiscales sustitutos

El Ministerio de Justicia ha avanzado que la oposición para la estabilización de la justicia interina constará de 1.004 plazas: 673 para jueces y 331 para fiscales. Este proceso, previsto en el anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá resolverse el próximo 2026. Además, cualquier graduado en derecho con más de cinco años en el sector podrá presentarse para acceder a la judicatura.

Esta oposición extraordinaria pretende acabar con la temporalidad en la carrera judicial, un objetivo del departamento encabezado por Félix Bolaños desde que la Comisión Europea apercibió al Gobierno por un abuso en la temporalidad en la justicia. La convocatoria se realizará “en un plazo máximo de dos meses” desde la entrada en vigor de la nueva ley. A estos más de mil nuevos jueces y fiscales se suman las 1.500 plazas para titulares que el Ejecutivo se ha comprometido a convocar en los próximos tres años.

El proceso extraordinario, que solo se celebrará una vez, consistirá en un sistema de concurso-oposición “de acuerdo con los criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad”. Tendrá dos fases: “un dictamen práctico relativo a un caso [judicial] concreto”, según reza el anteproyecto, y una evaluación de los méritos de cada jurista, evaluados por un tribunal externo. En un comunicado, el Ministerio de Justicia lo compara con el cuarto turno, la vía de acceso a la judicatura por la que juristas con experiencia pueden acceder a la carrera judicial sin realizar la oposición tradicional.

Este año hay más de 1.200 personas en situación de temporalidad en la justicia. En concreto, 954 jueces y 331 fiscales, en torno al 20% de la carrera judicial. Todos los miembros temporales del ministerio público podrían conseguir plaza fija con este concurso, mientras que podrían quedarse fuera 281 jueces sustitutos, pero podrá presentarse cualquier graduado en derecho con más de cinco años de experiencia.

La estabilización de la justicia constituye uno de los puntos que ha generado malestar en muchas de las asociaciones judiciales. En el comunicado donde convocaban el paro de 10 minutos el pasado 11 de junio, cinco de las siete asociaciones que hay en España se comprometieron a impugnar el proceso, asumiendo las costas. Según ellos, “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”.

La oposición también ha cargado contra este proceso. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, manifestó en el pleno del 21 de mayo que el Gobierno “va a colar a 900 jueces sin oposición” para que el Poder Judicial “dependa de estómagos agradecidos”. Bolaños respondió que los jueces sustitutos “han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial” durante décadas. Además, defendió a estos profesionales: “Hacen su trabajo y lo hacen muy bien, con profesionalidad y rigor”.

La figura de los jueces sustitutos existe desde 1985, y quedó regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada ese mismo año. Lo que comenzó como una herramienta para cubrir a los jueces titulares se ha convertido en una figura indispensable para un sistema judicial desbordado por la falta de profesionales. La situación se ha mantenido durante décadas, en las que gobiernos de distinto signo han mirado para otro lado. Después de recibir los avisos de la UE, en octubre el Ministerio de Justicia manifestó su voluntad de “encontrar una solución definitiva” al problema de la interinidad judicial.