El PSOE defiende a Cerdán y asegura que “jamás” ha cobrado comisiones

Una grabación de la UCO ha sacudido como un terremoto al Gobierno y el PSOE al comprometer a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones ilegales. La información parte de un informe de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil que recoge una conversación entre Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en la que se menciona que varias constructoras les deben dinero.

La primera reacción del PSOE ha sido la de defender al secretario de Organización. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, mantiene en un comunicado. “Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona”, añade. Esas mismas fuentes transmiten que Cerdán “no da crédito” a los datos manejados por la UCO y asegura que “jamás” habló de esos con José Luis Ábalos o con Koldo García. Mensaje parecido lanzan desde el Gobierno: “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”.

El Ejecutivo insistía por la mañana en que no había ninguna acusación formal contra Cerdán, y que todo lo que está tratando de mover la oposición se basa en comentarios sobre un informe de la UCO cuyos detalles no se conocían. El PP, por el contrario, cree que el silencio de Sánchez sobre Cerdán en el pleno del Congreso y el lenguaje gestual entre ellos indica que el líder está a punto de dejar caer a un hombre clave en su estructura de poder y que le acompaña desde que dio la batalla de las primarias en 2017. Cerdán ha reconocido que se cruzó mensajes con el que entonces era el hombre de máxima confianza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, interesándose por distintas obras, pero no por ningún movimiento ilegal ni amaño de ningún tipo, sino porque como coordinador territorial del partido tenía la presión de muchos alcaldes y dirigentes provinciales que querían saber cómo iban las obras en sus territorios y presionaban para que estuvieran acabadas antes de las elecciones de 2023, algo habitual en el mundo político.

A su vez, fuentes del PSOE de Navarra insistían en que se trata de “una cacería política sin ningún tipo de pruebas” contra Cerdán, y recalcaban que las adjudicaciones ya han sido investigadas con detalle en esta comunidad tras las denuncias de UPN y no se ha encontrado ninguna irregularidad. “Hubo 37 iniciativas de UPN al respecto en la pasada legislatura sobre este tema. Y en lo que le llevamos de legislatura, ha habido 46 iniciativas sobre este tema. Se han presentado 17 empresas registradas en ocho UTE [uniones temporales de empresas] y no ha habido denuncias ni recursos de ninguna de ellas. En la mesa de adjudicación cinco técnicos votaron una cosa y hubo dos votos particulares. El del secretario que firmó la adjudicación y el del interventor que hizo un reparo no suspensivo. Por lo tanto, sin ilegalidades. Esto es lo que hay. Que investiguen todo lo que quieran”, explican.

Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público de la comunidad foral, negó actuaciones ilícitas en su comparecencia en el Parlamento de Navarra el pasado 17 de diciembre. “Es la obra relevante de la legislatura y nos hubiera gustado que defectos que pusimos de relieve se hubieran solventado con unos buenos pliegos, unos buenos criterios y un buen procedimiento de votación. No obstante, nuestra asesoría jurídica analizó profunda y detenidamente el contrato de Belate y desde luego no detectó ningún tipo de responsabilidad ni contable ni de ninguna otra naturaleza”, afirmó.

UPN, que interpuso en 2024 una denuncia ante la Guardia Civil —la senadora María Mar Caballero dijo en una entrevista que habían valorado ir a la Fiscalía, pero los servicios jurídicos que asesoran al partido recomendaron acudir al instituto armado— ante la sospecha de irregularidades en el proceso, ha llamado a comparecer esta legislatura en el Parlamento navarro al director general de las obras del Gobierno de Navarra, al presidente de la mesa de contratación que dio la adjudicación y al secretario que firmó esa adjudicación. La adjudicación de los túneles de Belate se hizo en 2024, es decir, tres años después de que Ábalos fuera cesado. Desde la dirección de la federación socialista que lidera María Chivite, presidenta autonómica desde 2019, afirman que “ha sido todo un explicado minuciosamente y se ha dado toda la documentación existente”. Y subrayan que “hay incluso más de mil conversaciones entre los técnicos que se les dio a todos los grupos parlamentarios”.

La propia Chivite compareció el 16 de abril del año pasado sobre esta obra que ahora está bajo sospecha, la del desdoblamiento de los túneles de Belate: “Es la más transparente de todas las adjudicaciones que haya podido hacer cualquier Administración de Navarra. La ciudadanía navarra no solo ha podido conocer los datos que en cumplimiento de la normativa de transparencia podría llegar a tener de cualquier contrato público, las actas de las reuniones, hasta la resolución de la adjudicación, pasando por el informe de fiscalización, colgado todo en el Portal de Transparencia. Atendiendo a las peticiones de información de este Parlamento, el Gobierno ha enviado más de 2.000 folios de documentación extra, incluyendo correos electrónicos que los miembros de la mesa de contratación se han intercambiado durante la duración de sus trabajos. Es como si este contrato se hubiera desarrollado bajo el ojo de un gran hermano que todo lo veía”, declaró. El PSOE y todos los grupos de la mayoría están, pues, a la expectativa de lo que pueda dar de sí el informe de la UCO que sigue sin conocerse, pero de momento el respaldo a Cerdán no solo por parte del presidente sino de dirigentes como Gabriel Rufián sigue firme y sobre todo lo que va creciendo es la presión para que el Ejecutivo, como dijo el portavoz de ERC, “salga a la ofensiva” frente a estas acusaciones que ven infundadas. Pero todo eso fue antes de que se conocieran los últimos datos manejados por la UCO.