El Gobierno destina 115 millones de euros para una campaña antiincendios que este año se prevé más complicada

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales de 2025, para el que se ha destinado una inversión de 115,8 millones de euros, según ha anunciado Pilar Alegría, la ministra portavoz del Ejecutivo. Esta partida, “más importante que el año anterior”, según la ministra, se destinará especialmente a las actuaciones de prevención y limpieza. “Se mantiene el contingente de respuesta rápida, en este caso, por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con más de 1.400 efectivos, más de 70 medios aéreos y el despliegue de las brigadas de refuerzo en incendios forestales”, ha detallado.

Este plan de actuaciones, que involucra a 10 ministerios, dedica 70,3 millones de euros a la limpieza de los márgenes de carreteras y 45,5 millones en la red ferroviaria gestionada por Adif, entidad pública que depende del Ministerio de Transportes. Continuarán, al igual que el verano pasado, los agentes de la UME y una flota estatal de 14 aviones apagafuegos, junto a 63 aeronaves coordinadas por el Ministerio para la Transición ecológica, según ha detallado después el Gobierno en una nota de prensa.

La campaña contraincendios de este 2025 comenzó el 1 de junio, 15 días antes de la fecha habitual. Las condiciones meteorológicas para comienzos de junio, así como el nivel de humedad del combustible, han hecho que se prevea una temporada más complicada, con temperaturas más altas y un aumento de la masa forestal tras la intensa temporada de lluvias.

Los incendios forestales afectaron el verano pasado a 47.711 hectáreas, la cifra más baja desde 2018. A pesar de ello, cinco personas perdieron la vida como consecuencia del fuego, una de ellas integrante de los equipos de extinción, y se registraron 48 heridos; entre ellos, 18 miembros de los equipos de extinción. 6.600 personas fueron evacuadas, y el municipio que más afectado fue Ontinyent (36.430 habitantes, Valencia) en el que hubo unos 1.500 desalojados, según el balance que expuso a finales de mayo la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. Un total de 306 personas fueron detenidas o investigadas.

Se contabilizaron 16 grandes incendios forestales (GIF), que son aquellos que afectan a más de 500 hectáreas, y que representaron el 35% de la superficie total quemada. Extremadura fue la comunidad más afectada, con cinco GIF, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha, con tres.

El dispositivo estatal complementa a los medios de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia de gestión de los incendios. Entre otros recursos incluye las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la flota de hidroaviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, operada por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. También cuenta con la UME, del Ministerio de Defensa, y los grupos operativos que Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico organizan en cada incendio concreto.

La proximidad de las zonas urbanas con el monte incrementa el riesgo de los denominados Incendios de Interfaz Urbano Forestal, en los que pueden verse dañadas viviendas y otras infraestructuras. El año pasado, nueve incendios forestales causaron daños sobre dichas construcciones.