La jueza, sobre el aforamiento del líder socialista extremeño: “Es fraude de ley”

Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas acusadas de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa en la Diputación de Badajoz −tras una denuncia de la organización ultra Hazte Oír y Vox en 2024− ha enviado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura una exposición razonada —documento donde se explican los argumentos del caso, a juicio de la magistrada— contra el socialista Gallardo. La jueza Biedma considera que el aforamiento de Gallardo de hace unas semanas es un “fraude de ley”.

Esta decisión, adelantada por el diario El Confidencial y a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, es consecuencia del último movimiento político del líder socialista extremeño. Gallardo era hasta hace unos días presidente de la Diputación de Badajoz. Es decir, su caso iba a ser deliberado por un juzgado de lo Penal de Badajoz al no ser diputado autonómico y, por tanto, no estar aforado. Pero, en un movimiento impulsado por el partido y él mismo, decidió dar el salto a la Asamblea de Extremadura, donde tuvo que renunciar un diputado y tres más que iban en la lista. Ahora, Gallardo, que ya es formalmente diputado en el Parlamento autonómico, sí pasa a ser aforado.

Esto implica que, en caso de ser acusados de uno o varios delitos, como es el caso, serán juzgados por un tribunal distinto al que los juzgaría a los ciudadanos comunes: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. “Me siento pisoteado en mis derechos como persona“, ha dicho Gallardo en una comparecencia este lunes.

Fuentes del entorno del líder socialista se muestran sorprendidos con este movimiento de la magistrada, que pone en cuestión el aforamiento: “Está claro que forma parte de la estructura de PP y Vox”.

La jueza Biedma escribe en su exposición razonada de 102 páginas que el aforamiento de Gallardo es un “fraude de ley”. Y habla de una “maniobra” del líder regional. “Parece ser”, escribe la magistrada, “que en el momento histórico actual se ha olvidado, pero cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponer este sobre cualquier interés personal, y ello es lo que lo legitima en el ejercicio de sus funciones. Ahora, más que nunca, y dada la realidad social que nos rodea, deberían recordarse las descripciones de la filosofía clásica- fundamento de la configuración de las bases teóricas de la democracia modernas obre el “buen gobernante”, cuyo comportamiento debe ser ejemplar y anteponer siempre el interés público al suyo propio".

El escrito también apunta a que “lo relevante” no es el momento en el que se ha adquirido el aforamiento, “sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada con la misma”.

El movimiento de Gallardo ha generado críticas internas en el PSOE extremeño y nacional. Su salto a la cámara se produce por una petición expresa del partido, según cuentan varios de ellos. “Todos le dijimos que diera la cara”, contaba por teléfono el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, una de las personas más fieles a Gallardo en la región, hace unas semanas. “Veíamos que el caso judicial se dilataba… Puede sonar rara, en el sentido que dijo una cosa y ha hecho otra. Pero los tiempos del PSOE no son los tiempos de la justicia”. La realidad es que Gallardo también dijo que no iba a acudir a la Asamblea para aforarse y ha hecho lo contrario.

Ahora, tras este escrito de la magistrada Biedma, será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien deberá tomar una decisión sobre este procedimiento. “El aforamiento no significa inmunidad ni tampoco impunidad”, dijo Gallardo hace unas semanas. El diario Hoy de Extremadura detalló este domingo quiénes serían los magistrados que juzgarán a Gallardo, en el caso del que el TSJ asuma finalmente la causa. Se trata de María Félix Tena, Manuela Eslava y Antonio María González Floriano. Todos, de larga trayectoria. Uno entró por antigüedad al tribunal, otro fue propuesto por la Asamblea de Extremadura y el tercero lo eligió el Consejo General del Poder Judicial.