Dos años de prisión para un exconcejal de Urbanismo del PP en un pueblo de Granada  

El caso Marchelo, el mayor juicio por corrupción urbanística que involucra al PP en la provincia de Granada, ha comenzado a producir sentencias condenatorias casi 20 años después. El caso, que empezó en 2007 y que involucra a 14 investigados, se centra en el urbanismo de Alhendín (10.399 habitantes, a 12 kilómetros de la capital) y por su complejidad, fue dividido en tres piezas. Todas ellas involucraban originalmente a concejales que aprobaban proyectos más allá de lo debido y a empresarios que forzaban la máquina y premiaban al edil de urbanismo de turno. En dos de esas tres piezas —en las que la Audiencia Provincial de Granada desgrana convenios urbanísticos ilegales, compraventa de terrenos sin atender a la legalidad o chanchullos entre un concejal y empresarios— investigados, fiscalía y acusación particular han llegado a un acuerdo que ha sido especialmente favorable para los acusados, que han evitado el juicio.

La condena mayor ha sido para Manuel Fernández Moreno, exconcejal de Urbanismo, sentenciado a dos años de prisión que no tendrá que cumplir. Además, cinco empresarios, entre ellos Juan Muñoz Tamara, esposo de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, han sido condenados a un año de prisión que tampoco cumplirán. El resto de acusados en estas dos piezas, siete, han sido absueltos.

Las piezas resueltas por acuerdo han requerido que los acusados aceptaran el relato de hechos de Fiscalía y las penas que, tantos años después, han sido decididas de la forma más beneficiosa, tras una modificación del Código Penal en 2015. La narración de lo ocurrido muestra al concejal Fernández Moreno saltándose numerosas normas, entre ellas urbanísticas, para facilitar la construcción del llamado Parque Empresarial Alhendín a un grupo de empresarios encabezados por Juan Muñoz Tamara. En algún momento entre 2002 y 2005 —la sentencia no es capaz de determinar cuándo—, el concejal Fernández Moreno y los empresarios ahora condenados a un año de prisión contactaron porque estos querían desarrollar y construir un polígono industrial en la localidad.

Pronto, los dos lados –el de la Administración que debe hacer cumplir las normas y el de los empresarios, que deben hacer un proyecto legal y acorde a las normas– empezaron a confundirse y diluirse. El relato de la Audiencia, aceptado por las partes, demuestra la creación de varias sociedades, y que en una de ellas, el concejal llegó a tener un 1,5% de la propiedad, oportunamente camuflada a través de la empresa de otra persona, generando “un lucro ilícito” y también “dado el éxito empresarial del proyecto, un enriquecimiento”.

Durante el desarrollo del proyecto, surgieron disputas entre el concejal y los empresarios y cuando ese porcentaje del concejal se iba a materializar en la propiedad de casi tres hectáreas de terreno industrial, el edil fue detenido. Esto ocurrió en febrero de 2007.

Pero antes de que se produjera el arresto, los empresarios habían presentado un convenio urbanístico que fue aprobado por el alcalde de entonces —quien por edad y enfermedad ha quedado fuera del caso—, en una “tramitación y aprobación administrativa en la que se incumplió de forma grave y patente la normativa urbanística vigente”. Esta aprobación requirió el visto bueno de al menos tres concejales más, que estaban acusados. Finalmente, el concejal Fernández Moreno ha reconocido que ellos no estaban involucrados y han sido absueltos.

La segunda pieza involucraba al mismo concejal y a otro empresario, Fernando Rodríguez Acosta. Este quería construir casi 1.400 viviendas plurifamiliares y para ello, concejal y empresario “acomodaron las normas, actuaciones y resoluciones municipales a los fines del proyecto”. De hecho, la sentencia narra decenas de irregularidades. Una de ellas es que el concejal recibió una vivienda que llegó a habitar unos meses, hasta su detención.

Todo ello se ha saldado con una pena máxima de dos años para el concejal, por un delito de cohecho en concurso con malversación continuada, prevaricación administrativa y urbanística y un año para los cinco empresarios condenados.

Al caso Marchelo aún le queda una tercera pieza, para la que no hubo acuerdo, que todavía no tiene fecha y que también involucra al concejal Fernández Moreno. El exalcalde, José Guerrero, ahora eximido de responsabilidad y que en el momento de los hechos juzgados todavía no era regidor, adquirió con sus hermanos un terreno rústico de 1.000 metros cuadrados por el equivalente en pesetas a 9.000 euros. Cuando una década después se convirtió en primer edil, lo convirtió en urbano, multiplicando su valor hasta los 300.000 euros. Guerrero tenía, además, un comprador que buscaba construir una gasolinera, en un suelo que no lo permitía. Pero el alcalde facilitó la calificación y el comprador abonó 300.000 euros, aunque en los documentos solo se declaró la mitad. En su momento se juzgará de nuevo a la Junta de gobierno que aprobó aquellos cambios y a un técnico.