Un narcotúnel clausurado en Ceuta con un “gerente” a la fuga

El 19 de febrero, cuando numerosos agentes de la Guardia Civil se disponían a registrar diez naves del Polígono del Tarajal de Ceuta, a escasos metros de la frontera con Marruecos, un hombre se acercó a una de las agentes. “Lo que estáis buscando está ahí”, le dijo. Señaló la nave número 9 de la calle Arroyo de las Bombas, una antigua marmolería con las iniciales MN pintadas en negro y rojo en una fachada color crema, y que los agentes ya habían relacionado con la intervención de cinco toneladas de hachís intervenidas meses antes en la Península. De hecho, esa nave era la primera que iban a inspeccionar. “No he visto salir un mármol de ahí”, añadió el hombre.

En ese mismo lugar, a las 9.20, se inició una inspección judicial en la que los guardias del Servicio de Asuntos Internos (SAI), encargados de investigar la corrupción entre sus propios agentes, encontraron, camuflada al fondo a la derecha de una planta de 451 metros cuadrados, una trampilla metálica que daba acceso al primer primer narcotúnel en una frontera española que se conoce oficialmente. La entrada se encontraba cerca de una gran máquina de corte de piedra, en una estancia independiente separada por unos paneles metálicos y próxima a la pared más cercana con la frontera de Marruecos. Estaba disimulada con cubos de plástico negros cargados con escombro apilados sobre dos palets de madera. Una vez que los retiraron y abrieron la trampilla, tuvieron acceso a una cavidad de 12 metros de profundidad que después tomaba dirección hacia el sur, hacia el municipio marroquí de Castillejos (Fnideq en árabe).

En Ceuta, una ciudad de 83.000 habitantes, cuya principal puerta de entrada es el mar, muy poco de lo que sucede pasa inadvertido. A pesar de ello, los agentes de Asuntos Internos llevaban ya dos años investigando con el máximo sigilo. Seguían la pista a una organización que se encargaba de llevar grandes cantidades de hachís desde Ceuta hasta la Península y que supuestamente contaba con una “estructura de seguridad” formada por guardias civiles que estaban dejando pasar cargamentos por el puerto a cambio de dinero. El túnel, del que ya hablaban informes reservados del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Guardia Civil, quedó para el final de las actuaciones, cuando ya se había detenido a 15 personas relacionadas con dos organizaciones, además de dos agentes de la Guardia Civil, y se había intervenido 6.511 kilos de hachís en tres envíos frustrados. En la investigación hay otros 16 investigados (uno de ellos guardia civil), además de dos personas en busca y captura.

El sumario de esta causa, instruida por la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dejado de ser secreto para las partes hasta hace apenas un mes. Las investigación se centra en la implicación de los agentes y su presunta connivencia con las organizaciones de tráfico de drogas, mientras que el hallazgo del narcotúnel ocupa una parte muy pequeña en la que quedan abierta una serie de incógnitas, como quién era el dueño, cuándo se construyó o cómo funcionaban, o si cobraban por el paso de los cargamentos a otras organizaciones desde Marruecos hasta Ceuta, como creen algunas fuentes consultadas.

El informe 7/2005 del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, del 1 de abril, aglutina las actuaciones en torno al túnel clandestino. En el documento, de 46 páginas, lo que ocurrió en aquella primera inspección, y otras posteriores, y todo lo que encontraron en la galería subterránea, como restos de plásticos que se suelen utilizar para envolver fardos de hachís, botellas de agua vacías, o incluso una maleta. También ofrece una visita panorámica de esa marmolería sin aparente actividad, en cuya primera planta encontraron tendidas diversas prendas de neopreno todavía mojadas y manchadas de arena y barro. Las ropas mojadas evidenciaban, según los investigadores, que el túnel, que se inunda parcialmente en una parte de su recorrido porque se filtra el agua de un arroyo superficial, había sido utilizado recientemente. Según la declaración de uno de los investigados, no se usaba desde diciembre.

Ese informe también señala a las personas que presuntamente mayor implicación tienen con el pasadizo, así como el papel que podían desempeñar. El más relevante es Rafael J. T., ceutí de 39 años, que alquiló la antigua marmolería en junio de 2022, y por la que, según el contrato, seguía pagando 1.870 euros al mes hasta el día en el que se descubrió el pasadizo, una renta bastante elevada para la media de la zona. Rafael J. T., al que fuentes cercanas a la investigación, definen como “el gerente del túnel”, tiene antecedentes tráfico de drogas, lesiones y maltrato familiar. Está “relacionado con la construcción, custodia y uso del túnel localizado en la nave industrial ubicada en el Polígono Industrial El Tarajal Número 9 de Ceuta”, recogía la magistrada Tardón en un auto del 4 de abril. Antes del registro de la nave, los agentes intentaron localizarle sin éxito, para lo que incluso llamaron al número de móvil a su nombre. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido. La jueza Tardón ha dictado una orden internacional de detención en la que se destaca que se enfrenta por estos hechos a una pena de 10 años de prisión.

La marmolería, en la que los perros especialistas en detectar estupefacientes no encontraron restos de hachís, contaba con medidas de protección. Tenía dos cámaras videovigilancia orientadas hacia la puerta que se manejaban desde la nave de al lado, de la que también tomaba la electricidad. Los investigadores la vinculan con dos organizaciones que introdujeron en la península 1.977 kilos de hachís en junio de 2023 y otros 3.137 kilos de la misma droga en diciembre del mismo año, pero cuyos alijos fueron interceptados.

Durante el mes de diciembre, hicieron “vigilancias discretas” en tono a la nave y comprobaron que “no tenía actividad laboral alguna”. Solo el día 17 de diciembre advirtieron “una serie de peculiaridades”, como que dos personas permanecieran dentro con el candado puesto por la parte de fuera de la puerta con la “clara intención” de aparentar que no había nadie dentro. Los agentes consideraron entonces que podría ser un “punto de almacenaje previo de la mercancía ilícita”, algo que en la jerga policial se denomina guardería, y que en ocasiones se realiza en cavidades subterráneas. En el registro, se buscaban zulos, mantienen fuentes cercanas a la investigación, y lo que encontraron superó sus expectativas.

La primera vez que la comitiva judicial entró al túnel, vieron que el descenso se hacía en varios niveles separados por tablillas de madera. Había que retirarlas. Así llegaron a una galería de 70 centímetros de ancho y 120 de alto, de suelo de tierra, cuyas paredes y techo estaban revestidas con láminas de madera. El recorrido tenía un sistema de iluminación y achique de agua mediante unos tubos amarillos de drenaje. Entonces los agentes pidieron cámaras para intentar encontrar el punto de salida.

En las sucesivas visitas, llegaron a grabar el recorrido y descubrieron “diversos envoltorios de plástico negro y rafia con franjas rojas” utilizados habitualmente para empaquetar y proteger los fardos de hachís. Pudieron avanzar hasta que la altura se redujo de 120 hasta 50 centímetros, y encontraron una zona inundada, por lo que buscaron una maquinaria para achicar el agua.

Dos días después de la primera visita, el 21 de febrero a las 10.00, acreditaron que el túnel tenía una salida en Marruecos. A esa hora, en la zona marroquí se estaban quemando rastrojos en varios puntos y los guardias del servicio de subsuelo vieron cómo el túnel se llenaba de humo. La inspección, y el posible avance hacia territorio marroquí se frenó el 5 de marzo, cuando el grupo de actividades subacúaticas que examinaba la zona inundada por la que no habían podido pasar descubrió que la galería estaba “obstruida por un conjunto de bloques de cemento y hormigón” y esto “les impedían continuar”. “Por la disposición han sido arrojados desde el lado opuesto a la zona inundada”, recogen el informe policial, en referencia al lado marroquí.

En sus autos, la magistrada Tardón considera que hay “indicios sólidos” de que el túnel de Ceuta se utilizó como vía de acceso de mercancía ilícita desde Marruecos y también considera que se han encontrado “claros indicios” de que la persona que lo gestionaba durante “el periodo que se encontraba activa la infraestructura subterránea es Rafael J. T”.

El comienzo del funcionamiento de este túnel se sitúa necesariamente después de septiembre de 2020. Rafael J. T. envió algunas fotografías a la adminstradora de la nave después de alquilarla en la que no aparecen indicios de que por aquel entonces estuviera construido el acceso al túnel.

De la persona que pudo asumir la construcción de esta infraestructura no hay mucha información, señalan las fuentes cercanas a la investigación. Estas mismas fuentes sí destacan que la infraestructura, con características muy similares a las de los túneles que se usan en la frontera de México para pasar droga, se ha construido por alguien que tenía conocimientos sólidos. Y ponen como ejemplo el hecho de que tuviera un sifón de 60 x 60 centímetros para gestionar las acumulaciones de agua con las que los propios agentes de la Guardia Civil tuvieron que lidiar para intentar descubrir el final de la construcción. La zona inundada tenía una longitud aproximada de 5 metros. En estos casos, el propio ingeniero, término con el que se refieren al constructor, ni siquiera sabe dónde se ubica con exactitud el túnel que está excavando, explica una fuente policial. Se hace así por motivos de seguridad, para que luego no le puedan acusar de haber desvelado el punto exacto donde estaba una infraestructura tan delicada. “Hacen su trabajo, que puede durar dos o tres meses, encerrados en un recinto, sin tener contacto con nadie, y después lo abandonan”, añade.

Esta parcelación o subcontratación de trabajos es muy habitual en las organizaciones criminales, especialmente en las relacionadas con el tráfico de drogas, que cada vez funcionan más como auténticas empresas. Así optimizan los servicios y al mismo tiempo dificultan la labor policial porque se generan compartimentos estancos. Himad T. B., uno de los pocos investigados que aceptó declarar ante la magistrada Tardón, aunque lo hizo en abril, dos meses después de ser detenido, reconoció en sede judicial que los cargamentos de hachís que trasladaban a la Península entraban en Ceuta, además de por la frontera, por un túnel del polígono, del que no pudo decir la ubicación exacta, pero que acotó en una serie de naves. Sin embargo, no señaló cómo, ni quienes lo manejaban. “El grupo nuestro no tiene nada que ver. Se dedicaban a otras personas. (...) Ellos nunca te enseñan su infraestructura”, dijo en una declaración en la Audiencia Nacional el 22 de abril, en la que miraba nervioso a su abogada. “Te dicen, en tal punto (...) en tal coche te dejo la llave y está la droga ahí”.

Este investigado, que se declaró arrepentido de su labor en el tráfico de drogas, aseguró que su organización se dedicaba exclusivamente a trasladar la droga desde Ceuta a la Península, y que cobraban por ello. “La droga es de gente de Marruecos”, dijo. También que a ellos les dejaban los cargamentos en un coche y se encargaban de trasladarlos. Solo cobraban por viaje exitoso y uno de los que se estaba investigando en la causa, y que finalmente no llegó a su destino, le podría suponer a él un ingreso de unos 15.000 euros, relató. Los pagos se los hacían llegar personas enviadas desde Marruecos en diferentes formas, en mano o por otras vías, y había veces que tenían varios pagadores, porque había varios dueños del alijo.

En esa supuesta estructura compartimentada, además de los que se encargaban de los viajes, se encontraba la “estructura de seguridad”, que según la investigación judicial, corría a cargo de los tres guardias civiles implicados, que podían cobrar entre 70.000 y 100.000 euros, en función de la cantidad de droga que facilitaban el paso, según la declaración de Himad T.B.. Los 6.511 kilos de hachís de los tres principales cargamentos intervenidos durante la operación, entre junio de 2023 y enero de 2025, estaban valorados en casi 13 millones de euros.

Desde que se iniciaron las primeras detenciones, el 30 de enero, Tardón ha ido viendo como la práctica totalidad de los implicados se acogían a su derecho a no declarar porque no conocían nada de las pesquisas judiciales. En los últimos días, un fragmento de la declaración de Himad T. B. ha corrido como la pólvora por los whatsapps de la ciudad autónoma. “Aquí están todos tomando nota del sumario”, asegura un agente de la ciudad autónoma.

De momento, el túnel está sellado. Seis tornillos sujetan una plancha de metal que cubre el acceso a la galería y se han instalado nuevos sistemas de seguridad que detectan el movimiento en el interior de la nave. La ropa que encontraron en su interior ha sido enviada al Servicio de Criminalística de la Guadia Civil para intentar obtener los perfiles genéticos de las personas que la usaron.

Los investigadores todavía esperan el resultado de la comisión rogatoria que la magistrada envió a Marruecos, en la que le solicitaban que hicieran las gestiones para localizar la salida del túnel. La magistrada también planteó a las autoridades de Rabat que valoraran abrir una causa penal en Marruecos o iniciar una investigación conjunta para conocer el entramado criminal en ambos países.