Los promotores de la regularización de inmigrantes reclaman su lugar en las negociaciones

La suerte de alrededor de medio millón de personas extranjeras en España se está decidiendo en los pasillos del Congreso. La iniciativa legislativa popular (ILP) de regularización extraordinaria de inmigrantes vive un nuevo impulso ahora que el PSOE ha optado por sacarla adelante después de haberse mostrado reacio a apoyarla, y mantiene conversaciones con los grupos parlamentarios para amarrar los votos necesarios. Y hay un actor fundamental que quiere reivindicar su asiento en esas negociaciones: las organizaciones promotoras de la iniciativa, que consiguieron a pie de calle 600.000 firmas para llevarla al Congreso y ahora temen que en esos pactos terminen teniendo un alcance muy limitado, lejos del objetivo original de no dejar a nadie por fuera. “Nosotras no somos moneda de cambio”, han advertido este miércoles a las puertas del Congreso Victoria Columba, portavoz de la Plataforma Regularización Ya.

Columba y varias otras impulsoras de la iniciativa han mantenido durante la mañana una reunión en una sala del Congreso con diputados de todo el arco de la izquierda. “Hemos venido a plantear una demanda amplia, respecto a la ILP de regularización y no dispararle a los pies a un proceso participativo ciudadano que nos supuso tantísimo esfuerzo”, ha asegurado Columba. Todas las formaciones que estaban en el encuentro —Podemos, Sumar, ERC, Bildu, BNG y el PSOE— han mostrado allí su respaldo a la regularización extraordinaria, pero dos de los grupos clave para asegurar que salga adelante —PNV y Junts— estuvieron ausentes.

Según varios de los asistentes a la reunión, el PSOE ha dejado ver que aún no cuenta con los apoyos de esas dos formaciones aunque mantiene el diálogo abierto. La postura que asumirá el PP, que en su momento apoyó que la ILP se tramitase en el Congreso pero que no quiere darle ni medio respiro al Gobierno, es aún una incógnita.

La posibilidad de la regularización extraordinaria de inmigrantes ha resucitado en los términos que ahora plantea el PSOE: quienes busquen acogerse deben demostrar que llevan al menos un año en España, desistir de sus peticiones si son solicitantes de asilo, no tener antecedentes penales ni una orden de retorno y no suponer un riesgo para la seguridad nacional. Se plantea dar un permiso de residencia y trabajo por un año sin exigir contrato previo. Y podrían acogerse a ella quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024.

Las organizaciones que la promovieron, por su parte, apuntan lo más alto posible. Para ellas, la regularización debe dar cabida a todas las personas extranjeras que se encuentren en España en el momento en que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o al menos a quienes estaban antes del pasado 20 de mayo, cuando empezaron a funcionar las nuevas reglas de juego para la inmigración. Su punto es que es la oportunidad de “poner el contador a cero” y de ahí en adelante sí aplicar las nuevas normas regulatorias.

También se distancian de la propuesta del Gobierno en que los extranjeros deban llevar al menos un año en España —las organizaciones no fijan un tiempo mínimo de permanencia— y defienden que no sea el registro en el padrón el mecanismo para demostrar la estancia en el país por las trabas que muchos inmigrantes enfrentan para poder acceder a él. Entre sus reivindicaciones también está que la ventana para acogerse a la regularización se extienda más allá de los seis meses, pues consideran que ese plazo es incompatible con la realidad de muchos de los extranjeros que viven en zonas rurales y a los que se les dificulta abandonar sus lugares de trabajo para iniciar el trámite y gestionar la documentación requerida.

Para las organizaciones que han promovido la ILP, el propósito de la iniciativa no era usarla como un “parche” a los agujeros que ha dejado el nuevo reglamento de extranjería, aunque buscan que dé una solución a los 275.000 solicitantes de asilo que se verán abocados a la irregularidad si les rechazan sus peticiones, algo que de hecho ocurre en la mayoría de los casos. Lo que defienden estas organizaciones es que los inmigrantes no tengan que desistir del asilo para acogerse a la regularización.

En la reunión de este miércoles también se le ha planteado al PSOE la posibilidad de que si la ILP no logra salir adelante en el Congreso, el Gobierno la implemente por vía de real decreto; “que sea valiente”, en palabras de la plataforma Regularización Ya. Sin embargo, esa es una alternativa que, en principio, el Ejecutivo no contempla. En cambio, el Gobierno está convencido de que conseguirá los apoyos, entre otras cosas porque el empresariado, la CEOE, que reclama trabajadores, es una de las voces que más interés tiene en que se apruebe.

El recelo entre las organizaciones impulsoras se acrecienta, pues no conocen “la letra pequeña” de la propuesta del Gobierno, algo que tampoco tienen de momento los grupos parlamentarios. Este jueves, las organizaciones se reunirán con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien se ha venido reuniendo con los grupos para plantearles la propuesta que tiene el Gobierno.