Todo lo que ocurrió antes del despido de los informáticos del Senado: cuatro aspirantes a un puesto de jefe y 74 accesos indebidos

El matrimonio de informáticos despedidos por el Senado tras la intromisión indebida a portafirmas de miembros de la Cámara alta reconoció los hechos el 30 de abril y pidió perdón. La asunción de responsabilidad llegó después de haber tratado durante meses de zafarse, sin éxito, de las acusaciones internas alegando arbitrariedad, indefensión y culpando a otros compañeros. Unas alegaciones que hace un mes admitieron como infundadas a título propio. Así se desprende del expediente disciplinario incoado por la institución, al que ha accedido EL PAÍS, y que terminó con su despido la semana pasada tras un largo y turbulento capítulo para la institución parlamentaria, con consecuencias políticas que enfrentan a PP y PSOE.

La investigación recoge 51 intervenciones online indebidas de él y 23, de ella, de marzo a octubre de 2024, a “cargos, funcionarios y trabajadores de la secretaría general del Senado, así como a los documentos contenidos en los mismos”. Pero el texto también reitera que, en todo caso, las “abundantes descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal” tenían como único fin recabar datos sobre el puesto de jefe de departamento, para el que tanto ellos como otros dos trabajadores habían presentado su solicitud. El relato de los hechos es el siguiente.

Puesto de jefe de departamento. La Cámara alta había abierto una convocatoria para optar al puesto de jefe de proyecto en el área de Desarrollo de la Dirección de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la secretaría general del Senado. A ese cargo se presentaron como aspirantes tanto el matrimonio despedido como otros dos trabajadores. Estos últimos, sin embargo, con menos “posibilidades” de lograr la plaza —calificada desde un inicio como “convulsa”— al contar con menor antigüedad y experiencia que el marido, según detalla el texto.

Accesos indebidos a portafirmas. En octubre, el instructor del expediente advierte que, desde marzo de 2024, los inculpados habían accedido a “portafirmas de determinados cargos, funcionarios y trabajadores de la secretaría general del Senado, así como a los documentos contenidos en los mismos”. El portafirmas es una aplicación del Senado para firmar documentos de forma electrónica. Eso sí, la investigación reconoce que se alberga “mucha información relevante” en dicha “herramienta”. Y señala que los dos informáticos habían consultado “documentación confidencial relativa a distintos ámbitos y personas concretas” a través de esos portafirmas “frecuentemente”.

Entre esos accesos, el expediente constata 51 intromisiones de él y 23, de ella, de marzo a octubre de 2024. Pero “los accesos indebidos guardan relación con la resolución de dicho concurso”, incide el expediente, en alusión al proceso de selección a jefe de proyecto. “Las actividades del Senado no se han visto perjudicadas en ningún extremo”, concluye.

Qué buscaban si él era el favorito. Lo incongruente del caso es que el marido, con más de 20 años de experiencia, estaba por encima objetivamente de los otros aspirantes. ¿Para qué buscar más datos y correr el riesgo? La tesis del instructor es que los dos habían concurrido a la plaza bajo la siguiente treta: lo que él pretendía supuestamente era apartarse del proceso de selección para que ella fuese la escogida en caso de encontrarse esta por encima de los otros dos. Es decir, en segunda posición, por detrás de su marido. Pues él tenía mayor cualificación y ostentaba ya otro cargo con funciones “directivas”. Así acaparaban dos altos puestos. En caso contrario, si ella estaba por debajo de los otros aspirantes, él se habría mantenido en su solicitud para ser el adjudicatario y de esa forma el ascenso al menos quedara en la familia.

La hipótesis, elevada a la letrada mayor de la Cámara alta, se basa en que entre los ficheros descargados hay fundamentalmente documentos que se refieren a los “méritos y puntuación” de los cuatro aspirantes. Por lo que, además, también habrían utilizado la información recabada para que ella tratase de conseguir más puntos y superar así a los otros dos mientras duraba el proceso de selección si se encontraba por debajo de los contrincantes. Unos datos que, destaca el expediente, no están al alcance los aspirantes en los procesos de selección corrientes.

Un proceso largo. Tras apercibir las intromisiones y ponerlas de manifiesto en octubre pasado, la Cámara alta abrió el proceso sancionador. Ha sido un proceso largo, en el que los dos trabajadores, que tomaron entonces una baja médica, presentaron alegaciones negando los hechos, denunciando falta de imparcialidad por el instructor y culpando a sus compañeros de otros accesos indebidos. En esas respuestas, ambos presentaron un listado detallado de nombres a cuyos portafirmas se había accedido desde otras dos direcciones IP distintas a las suyas, aportando pruebas, como coartada para justificar sus propias intromisiones. Esto es, afirmando que cualquiera en su puesto podía entrar sin mayor problema ni fraude.

Entre los nombres afectados —74, desde una dirección de IP, y 15, desde otra—, se encuentran la letrada mayor, el presidente del Senado, dos vicepresidentes, dos secretarios, varios senadores y varios trabajadores de la Cámara alta. En buena parte de los casos, también hay descarga de documentos y no un mero acceso a portafirmas. El Senado, por contra, afirmó la semana pasada en una segunda versión oficial —y contradiciendo un primer comunicado—, que los senadores no se habían visto afectados por las intromisiones. En cualquier caso, esos accesos no tendrían por qué haber sido indebidos, sino por el mero ejercicio normal de su trabajo de asistencia informática. Y así lo ha constatado el Senado, esta semana, con otra auditoría interna a tal efecto, certificando que no fueron ilícitos.

Pese a las alegaciones defendidas por los sancionados, el proceso siguió su curso. El instructor persistió en sus acusaciones y además constató nuevos intentos de accesos indebidos posteriores a octubre. La “premeditación, reiteración y reincidencia” provocó que la decisión tomada en un primer momento de suspensión de empleo pasara directamente al despido de ambos. La letrada mayor apoyó la resolución en base a las pruebas aportadas por el instructor y destacó la “naturaleza vicarial de la Administración” del Senado “—también de la parlamentaria— al servicio del interés general, que siempre ha de estar por encima de los intereses particulares de sus empleados”. Por lo que de los actos constatados se “deriva un perjuicio para la propia institución parlamentaria, así como un daño al interés general”.

Perdón y despido confirmado por la Mesa. Finalmente, y tras el intento de exculparse a sí mismos, el 30 de abril el matrimonio remitió una carta al Senado en el que reconocen los hechos de haber accedido indebidamente, piden perdón y niegan que hubiera pruebas contra sus compañeros. “Asumimos nuestra responsabilidad por lo sucedido y expresamos nuestro más sincero arrepentimiento”, indican en la misiva. “En ningún momento existió voluntad de causar perjuicio al buen nombre, funcionamiento o integridad del Senado. Desde el inicio del expediente, nos encontramos en una situación de incapacidad temporal motivada por circunstancias que exceden el ámbito de nuestra vulnerabilidad emocional. En el desarrollo de nuestra defensa, reconocemos que no hemos prestado al instructor del expediente la colaboración deseable, condicionados tanto por el temor propio de la situación como por el asesoramiento recibido de nuestra defensa letrada”, añaden. Y piden mantenerse en su puesto.

Pese a la carta, la letrada mayor mantuvo la propuesta de resolución de despido. La Mesa del Senado es quien tiene la última palabra y el pasado día 21, en una reunión extraordinaria, decidió por unanimidad despedir a los dos trabajadores —con cuatro votos a favor del PP y tres del PSOE—.

Consecuencias técnicas y bronca política. El problema interno, al que el despido y la segunda investigación paralela han dado carpetazo, tiene no obstante consecuencias técnicas y reputacionales para el Senado. Pues el expediente reconoce que los cuatro informáticos podían acceder a los portafirmas de sus señorías, aunque para un fin distinto, relacionado con su cometido laboral y no se apercibió con celeridad que ese uso estaba se estaba utilizando perniciosamente . Además subraya el “perjuicio para la propia institución parlamentaria”.

El conflicto laboral ha derivado además en una bronca política entre PP y PSOE: los populares, con mayoría absoluta en el Senado, acusan a los socialistas de alimentar “bulos” sobre espionaje político. Y los segundos cargan contra los primeros por “minimizar” las repercusiones del entuerto y piden una auditoría externa para “reforzar” los sistemas. La Mesa también acordó derivar el asunto a la Fiscalía para su examen.