La ‘Ley de Gaza’, una advertencia a Netanyahu de parte del Congreso español

En Estados Unidos, las leyes llevan el nombre del congresista que la propone, como la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo a Cuba. La reforma de la Ley sobre Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso de 2007, que votó este martes el Congreso, podría llamarse Ley de Gaza, no por su proponente sino por su destinatario. Se trata de una ley hecha a medida para la población de la Franja de Gaza, que está siendo metódicamente diezmada por el Ejército israelí. Su aprobación tiene más relevancia política que jurídica. En primer lugar, porque la admisión a trámite no supone que la norma vaya a acabar en el BOE, pues hay numerosos antecedentes de lo contrario; y además porque, de hacerlo, el texto actual puede acabar siendo sustancialmente enmendado.

Su principal novedad es la consagración por ley del embargo automático de la compraventa de armas a los países encausados por crímenes contra la humanidad en tribunales internacionales con jurisdicción en España, como es el caso del Estado de Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, acabando así con el margen de discrecionalidad e interpretación del que goza ahora el Gobierno. Se trata de taponar las grietas por las que se han colado las dudas sobre la efectiva suspensión de las exportaciones e importaciones de material militar desde que se inició la actual escalada, comprometida por el Ejecutivo. Para despejar esas dudas entre sus socios y su propio electorado, ha accedido el PSOE a apoyarla, pese al informe desfavorable del Ministerio de Economía.

Aunque con el pie forzado, el Gobierno no ha hecho sino adentrarse por la senda que inició cuando, hace un año, reconoció al Estado palestino y se convirtió en un adelantado entre los grandes países de la UE, sirviendo de puente con el llamado sur global, cada vez más divorciado de Occidente. En septiembre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría (124 a favor, 14 en contra y 43 abstenciones) una resolución que, entre otros puntos, pedía el cese de la transferencia a Israel de “armas, municiones o equipo conexo cuando existan motivos razonables para sospechar que puedan utilizarse en los territorios ocupados”. La UE se dividió: España votó a favor, como Irlanda o Francia; Hungría y República Checa en contra; y la mayoría (Alemania, Italia, Países Bajos o Polonia) se abstuvo.

La Asamblea General no tiene potestad para imponer embargos, una competencia reservada al Consejo de Seguridad. Por eso, al mes siguiente, el representante de Turquía remitió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, suscrita por 52 Estados, que pedía la adopción de “medidas inmediatas” para cortar el envío de armas a Israel. Entre los firmantes solo había un país europeo, Noruega, que reconoció al Estado palestino el mismo día que Irlanda y España. También había países latinoamericanos como Bolivia y Colombia, que han roto relaciones diplomáticas con el Estado hebreo, o Brasil, Chile, México, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero el grueso de los firmantes eran países árabes e islámicos, individualmente o a través de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica, que también suscribían el llamamiento.

Precisamente, Sánchez asistió el pasado fin de semana como invitado a la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad (Irak), donde se reunió con el presidente de Palestina, Mahmud Abbas, con quien presentará una propuesta de resolución ante la Asamblea General para exigir el fin del bloqueo a Gaza, que ha sumado a las matanzas causadas por los bombardeos indiscriminados la mortandad silenciosa que provoca una hambruna usada como arma de guerra en pleno siglo XXI.

El horror insoportable de la destrucción de la Franja ha llevado a que el Reino Unido, Francia y Canadá amenazaran el lunes a Benjamín Netanyahu con “medidas concretas” si no detenía la carnicería y a que el jefe del Foreign Office, David Lammy, anunciara después la suspensión de las negociaciones para un acuerdo comercial con Israel. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas, acordaron este martes revisar el acuerdo de asociación con Tel Aviv, como España e Irlanda pidieron hace un año. “El tiempo de las palabras ha terminado, ha llegado la hora de las acciones”, dijo el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares.

Una de las acciones que podría adoptar la UE es decretar un embargo de armas a Israel como el que ha respaldado el Congreso español. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), el 69% del armamento enviado a Israel en el periodo 2019-23 lo proporcionó EE UU; pero el segundo exportador fue Alemania, con un 30%; y el tercero, Italia, aunque solo con el 1%. Rumania y la República Checa también le venden material militar, mientras que Países Bajos o el Reino Unido facilitan componentes del caza estadounidense F-35. España o Noruega niegan que lo hagan, pese a las denuncias. “Todos los países que siguen vendiendo armas a Israel deben saber que corren el riesgo de convertirse en cómplices de genocidio”, ha advertido Amnistía Internacional.

Europa parece desperezarse de su larga siesta ante una limpieza étnica que se ejecuta a plena luz del día en su vecindario inmediato. El Gobierno británico anunció en septiembre pasado la suspensión de 30 licencias de armamento que podría ser empleado en los bombardeos de Gaza y el Congreso español pide ahora prohibir todas las exportaciones por ley. Las medidas pueden parecer tardías, tímidas e incluso hipócritas, pero el mensaje a Israel es cada vez más nítido: quien practica la barbarie no puede pertenecer al club de las naciones civilizadas.