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Un doble crimen anunciado de Librilla

Un empresario de camiones y su sobrino, detenidos en Murcia por asesinar y ocultar durante cinco meses de los cuerpos de dos subsaharianos en un depósito de aceite de coches

Francisco Simancas, empleado de la empresa Porkytrans, que vio entrar a dos hombres de características similares a los desaparecidos en las naves de Librilla donde han sido hallados dos cuerpos.
Elena Reina

Un día antes de que desapareciera, Siaka Coulibaly (de 37 años) fue a ver a su amigo Yigo. Había quedado con un empresario de la zona para cerrar un negocio y quedó en llamarlo al día siguiente. Pero cuando Yigo miró el móvil, no había ninguna llamada. Le extrañó. Miró la última conexión: 10 de la mañana del día 14 de diciembre. Siaka no sabía vivir sin mirar el teléfono más de media hora. Algo similar le pasó a Isabella, la mujer de Jean Mirabeau, de 52 años. El último mensaje que le envió su marido antes de desaparecer era la ubicación de un punto recóndito de la geografía murciana. Las coordenadas señalaban una nave junto a la autovía A7, entre campos de limones, en una zona que prometía convertirse en lugar estratégico para la industria regional y terminó con un puñado de almacenes cerrados a cal y canto. A cinco kilómetros de Librilla, Murcia, hay una nave de camiones abandonada, de una empresa en quiebra, donde esta semana han encontrado dos cadáveres, posiblemente de Siaka y Jean, en un depósito de aceite usado. El antiguo dueño de la compañía y su sobrino han sido detenidos. Los muertos de esta historia habían dejado pistas.

Resulta que los dos habían nacido en el extranjero. Y resulta también que los dos eran negros. Jean, de Camerún, y Siaka, de Costa de Marfil. Y estos detalles no serían relevantes para este crimen, si no fuera porque no son los dos primeros africanos que desaparecen en la Murcia rural en unas condiciones igual de macabras. Y eso fue lo que Yigo, que es de Burkina Faso, pensó cuando su amigo Siaka no le respondía a ninguna de sus llamadas.

—Hace unos años, desapareció mi primo y nunca encontraron su cuerpo. Iba con otro.

Soumaila Zampou (Burkina Faso), de 37 años, primo de Yigo, y Ali Maman Saley (Níger), de 40 años, desaparecieron en agosto de 2021. En junio de 2022, el líder de un clan de tráfico de drogas local confesó haber acuchillado a esos dos hombres en una finca en Sangonera La Seca (a un lado de Alcantarilla), haber quemado sus cuerpos, subir los restos a un coche y tirarlos a un contenedor, según informó el diario La Verdad. El motivo que le detalló a la Policía Nacional: le habían robado dos kilos de cocaína, es decir, unos 38.000 euros. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Hubo nueve detenidos, seis acusados de doble asesinato, detención ilegal y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, pese a la confesión detallada del que fuera el cabecilla, el juzgado número 9 de Murcia decidió exculpar a los seis investigados de todos los cargos en julio del año pasado.

El crimen del primo de Yigo nunca llegó a resolverse. Y en eso estaba pensando cuando el teléfono de su amigo Siaka seguía sin dar señal.

“Cuando vi que mi amigo no contestaba, me asusté. Llamé a todas las personas que se me ocurrían. Y un conocido de un amigo me pasó con un chico. Había un tercero: el que no entró en la nave y se quedó esperándolos fuera en el coche”, cuenta Yigo a este periódico. No recuerda si ese día o al siguiente, la esposa de Jean, que vivía en Benalmádena (Málaga) también se puso en contacto con Yigo. No habían pasado ni 48 horas de la desaparición y gran parte de la comunidad africana que levanta las hortalizas murcianas que se come Europa ya sabía que Jean y Siaka habían entrado a las instalaciones de una empresa de Librilla, propiedad de la compañía de transportes Porkytrans (antigua Transportes Argos), y no habían salido de ahí. Corrieron a la Guardia Civil a poner una denuncia con todas las pistas de los muertos. Esto era a mediados de diciembre de 2024. La búsqueda de los cadáveres no comenzó hasta hace 10 días.

Desde la terraza de un piso que sobrevive sobre un bar clausurado, Francisco Simancas apunta con el dedo a cada rincón de la nave desolada que tiene en frente. La puerta principal que daba a las oficinas está empalada; unos 15 remolques blancos con el logo de Porkytrans están arrumbados; las ruedas se amontonan en un lateral. “Y ahí, ahí en el centro, estaba la fosa de aceite usado donde la Guardia Civil encontró los cuerpos”, termina de señalar y se queda mudo.

Simancas ha vivido estos cinco meses con su hija de 17 años junto a un lugar donde la Guardia Civil cree que han asesinado a dos hombres. Donde supuestamente habían tratado de deshacerse de sus restos, ocultándolos entre los químicos corrosivos de los desechos de los vehículos que ya no mueve nadie. Simancas no se mudó de su tierra natal, Mérida (Extremadura), para esto. A Simancas le habían dado un buen puesto de trabajo, por fin, después de bregar durante décadas para sacar a sus hijas adelante, cuenta (una situación que lo llevó a pagar con nueve meses de prisión la falta de manutención a la madre de una de ellas). En 2019, el consejero delegado de Porkytrans le propuso que se mudara allí y fuera sus ojos el tiempo que durara el saneamiento de la compañía. Le dio una casa en el recinto del polígono, encima del bar, y una furgoneta. Pero la vida de Simancas no remonta desde entonces. El 14 de diciembre, desde la terraza de su casa, Simancas vio entrar al recinto a “dos personas de color” y avisó a las autoridades. Así lo ha declarado en un juzgado esta semana.

Simancas camina frente a la nave industrial en la que han sido encontrados los cuerpos de dos personas, en Librilla (Murcia).

 La Guardia Civil solo ha informado de la detención de tres personas —el dueño de la compañía, su sobrino y su esposa, que seguirá el proceso en libertad— y del hallazgo de dos cadáveres, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente todavía. Pero no ha proporcionado más información sobre la investigación en curso.

Simancas lleva seis años siendo los ojos de otra persona: Andrés Narváez. El hombre al frente de Porkytrans que absorbió Argos cuando ya no podía con más deudas. Narváez cuenta desde el otro lado del teléfono cómo se enteró de lo que había sucedido en la empresa: “Me llamó la Guardia Civil, porque al ser el dueño, era el principal sospechoso. Luego vieron los problemas que llevamos teniendo con los antiguos dueños. Y menos mal, si no hubiera denunciado, me habrían acusado de cómplice”. Desde que absorbiera la firma de transportes y colocara a su antiguo jefe, Juan Martínez (ahora detenido), como accionista minoritario y sus hijos en el consejo de administración, han mantenido una batalla frontal por el control del negocio. Una lucha que ha llegado a los puños en una ocasión y amenazas de muerte que han sido denunciadas en los juzgados. “Él no asumía que ya no era el jefe de la compañía y empezó a hacer cosas mal. Una vez me pararon un camión que había movido él a Londres con 200 kilos de marihuana en un cargamento de lechugas. A partir de ahí todo se empezó a romper”, relata Narváez.

Los pleitos judiciales terminaron por abocar a la empresa a un concurso de acreedores que todavía no se ha cerrado y el despido de unos 40 trabajadores, muchos de ellos del pueblo. Y, según detallan las denuncias presentadas por Simancas, Juan Martínez, de 71 años, atrincherado en lo que quedaba de su negocio con algunos familiares. “Dormían ahí, en unas instalaciones que no tienen ni luz, ni agua, en una colchoneta, con una escopeta debajo. Se ha creado un monstruo”, critica Narváez. El abogado de Martínez, de su sobrino Jesús P. y su esposa María P., Emilio Ibáñez, critica a este diario que estén utilizando el caso de los dos hombres muertos para sacar provecho de su pleito empresarial, pero no ha querido hacer ninguna declaración sobre el crimen por el que Juan y Jesús están siendo investigados y María, por encubrimiento.

Entre los papeles que carga Simancas se observan fotografías de Juan en las instalaciones de la compañía, pero también de gente desconocida, que entraba y salía del recinto y él documentaba y anexaba a sus denuncias en el cuartel. La Guardia Civil investiga el móvil del posible crimen contra Jean y Siaka, una de las hipótesis que se ha publicado en la prensa local es una posible estafa de billetes falsos. “Juan necesitaba vender lo que fuera para salir adelante. Seguramente lo engañaron”, sospecha Narváez.

El día en que desaparecieron los dos hombres, Simancas relata que los vio entrar. Y que no había sido la primera vez, según consta en su declaración judicial a la que ha tenido acceso este diario. Yigo reconoce que desde que encontraran los cadáveres, las personas que le habían contado al principio dónde había sido visto por última vez su amigo, se esfumaron. Incluido el único que se salvó: el que los esperaba con el coche en la puerta. “Yo no sabía a qué se dedicaba, ni conocía a sus socios. Me decía que hacía negocios. Y cuando dicen eso, no preguntas”, aclara.

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Sobre la firma

Elena Reina
Es reportera de la sección de Nacional. Antes trabajó ocho años en la redacción de EL PAÍS México, donde se especializó en temas de narcotráfico, migración y feminicidios. Es coautora del libro ‘Rabia: ocho crónicas contra el cinismo en América Latina’ (Anagrama, 2022) y Premio Gabriel García Márquez de Periodismo a la mejor cobertura en 2020.
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