AENA impondrá controles de acceso en Barajas para impedir el paso a las personas sin hogar

La crisis en el aeropuerto de Barajas, donde pernoctan cada día cientos de personas vulnerables, sigue sin visos de solución. Mientras el Ayuntamiento, competente en materia de servicios sociales, exige al Gobierno central que se involucre, AENA empieza a tomar medidas más drásticas. La gestora del aeropuerto ha decidido imponer controles de acceso en todas las terminales para dificultar la entrada de las personas sin hogar que se instalan allí cada noche. Se trata, ha dicho AENA en una nota de prensa, “de contribuir a que la situación no empeore”.

Estos días ya podía verse un cartel en el que se anuncia que es necesaria la tarjeta de embarque para acceder a la T1 y T2 desde el metro y, junto a él, un guardia de seguridad para comprobarlo, pero era más una medida disuasoria que un control estricto. Fuentes de la empresa no concretan cuándo comenzarán a aplicarse esos filtros, sí han informado de que se intensificarán en “franjas horarias de baja intensidad en la programación de vuelos”, es decir, por las noches. “En estas franjas horarias [solo] accederán a los terminales del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes, tanto de salida como de llegada, y los trabajadores del aeropuerto”.

La decisión de AENA no supone un desalojo, como llevó a cabo en febrero en el aeropuerto de El Prat, aquí sí en colaboración con los servicios sociales, pero pondrá en apuros a las personas que usan el aeródromo para dormir porque la mayoría sigue sin tener una alternativa. Entre los 300 o 400 hombres y mujeres que han hecho de Barajas su hogar hay españoles y extranjeros, enfermos, personas con graves problemas de salud mental o adicciones.

A pesar de la insistencia inicial del Ayuntamiento, el número de solicitantes de asilo, cuya competencia para acogerlos sería del Ministerio de Migraciones, no es relevante, según anunció el presidente de AENA, Maurici Lucena, basándose en un censo preliminar elaborado por una entidad religiosa integrada por Cáritas. EL PAÍS, que recorrió las tres terminales el pasado viernes durante más de cuatro horas, tampoco encontró ningún solicitante entre las cerca de 100 personas que ese día estaban durmiendo allí.

La segunda medida de AENA ha sido la de enviar un requerimiento legal al Ayuntamiento para que asuma la “responsabilidad que le corresponde”. El siguiente paso, como anunció Lucena, será elevar la cuestión a los tribunales de lo contencioso-administrativo. El Ayuntamiento acusa a la entidad pública de “deslealtad institucional”, mientras que esta señala al consistorio por “dejación de funciones”.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se lee: “Solicito al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid que proceda a atender, sin demora, la necesidad habitacional de las personas que pernoctan en el aeropuerto, ejerciendo la responsabilidad que le corresponde, para que esta situación se gestione de forma que permita al aeropuerto operar normalmente y a las personas que se hallan en esta situación acceder a una solución digna que haga innecesaria su pernoctación en un sitio, como el aeropuerto, no habilitado para ello”.

En el texto, AENA advierte que, de mantenerse la situación, no solo habrá “un colectivo de personas que no cuenta con una solución habitacional digna”, sino que una infraestructura crítica, “uno de los principales motores económicos de la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid y España”, verá su funcionamiento “dificultado”.

Tres meses después de que saltase a los titulares cómo el aeropuerto madrileño se había convertido en el hogar de cientos de personas, sigue la trifulca política. El Ayuntamiento se niega a asumir un censo para identificar quiénes son esas personas y, aunque reconoce que hace seguimiento a 94 de ellas que sí serían de su competencia, descarta su responsabilidad en el resto.

En el requerimiento, de 10 páginas, AENA reprocha al Ayuntamiento de Madrid la postura “inamovible” de que solo atenderían a las personas que están “vinculadas a Madrid” [empadronadas en la ciudad o que hayan sido atendidas previamente por los servicios sociales]. “Con esta posición, quedarían fuera de la actuación (...) una parte considerable de las personas que están en situación de urgencia social y que, de conformidad con la normativa aplicable, están dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento”.

El Gobierno de José Luis Martínez Almeida, por su parte, apela a que se involucren “todas las administraciones”. Pero en lugar de señalar a la Comunidad de Madrid y a otros ayuntamientos, como el de Alcorcón, Móstoles o Majadahonda, cuyos vecinos duermen en las terminales, apunta exclusivamente al Gobierno central, que más allá de los solicitantes de asilo, no tiene competencias en materia de sinhogarismo.