“Nosotras no tenemos nada que esconder”: así obtuvo esta médica protección legal frente a las represalias de sus jefes

“No somos nosotras quienes tenemos cosas que esconder”, dijo la doctora Sílvia López Coll una mañana reciente en una cafetería de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, mientras afuera jarreaba como si no hubiera llovido en siglos. Hablaba de ella y de las seis médicas residentes de la Fundació Hospital Esperit Sant (FHES) que hace meses denunciaron los presuntos abusos de poder del entonces jefe de Urgencias. Las residentes le pidieron ayuda y ella misma alertó a la dirección del hospital; ahora, con la condición de “persona protegida” que la ley de informantes prevé para quien avisa de presuntas irregularidades tanto en el sector público como en el privado, López Coll denuncia la reacción de los directivos. “Lo que eran unos casos de supuestos abusos se han convertido en actitudes, hechos e irregularidades que yo solo había visto en las películas de Al Pacino”, dijo en referencia al intérprete del jefe mafioso de los Corleone en la saga de El padrino.

La Fundació Esperit Sant (espíritu santo, en catalán) es un hospital privado en concierto con el sistema público con más de 100 años de historia y más de 900 trabajadores, según su Memoria de actividad de 2023. Es el hospital de referencia para más de 200.000 personas en el norte del área metropolitana de Barcelona: Santa Coloma, Sant Adrià y Badalona. Gobernado por un patronato que designan el Ayuntamiento de Santa Coloma, la Generalitat y el Arzobispado de Barcelona, tanto su gerente, Vicenç Perelló, como su director de Recursos Humanos, Josep Vidal, han comandado la gestión frente a las denuncias. Cuando tras una reunión, la denunciante vio que iban a volver contra ella la denuncia, acudió a la Oficina Antifraude, que articula la ley de informantes en Cataluña , y el 21 de marzo pasado le reconocieron como “persona protegida”, según la resolución. Un escudo legal frente las represalias de sus jefes durante dos años.

La doctora López Coll lleva 25 años trabajando en la FHES. Hija de maestros, no tiene un gran pasado sindical ni un marcado perfil de luchas colectivas a sus espaldas. Tiene una vocación por la que da la cara. “Ayudar a la gente que sufre es mi vocación, es mi profesión. Cómo no voy a ayudar a unas compañeras que parece que están sufriendo cosas muy graves”, dice sobre las residentes con las que, desde septiembre pasado, está articulando una respuesta que les repare a ellas y que, sobre todo, evite que los presuntos abusos se repitan. Las residentes han denunciado arbitrariedades, difamaciones y amenazas del doctor Carlos Palacio, que había sido médico del Gobierno de Mauricio Macri en la Casa Rosada en Buenos Aires y que en cinco años en la FHES acumuló los cargos de jefe de Urgencias y de tutor de residentes. Una noche de julio pasado, una residente tuvo un ataque de ansiedad durante una guardia y Palacio le abrió una ficha de paciente contra su voluntad, activó el “código suicidio” y, después de dos intentos, consiguió derivarla a urgencias psiquiátricas de otro hospital, donde fue dada de alta nada más llegar. Palacio no ha atendido a este diario.

Palacio dimitió el pasado 31 de enero, según adelantó EL PAÍS. Entre las primeras denuncias y la dimisión del médico argentino, sin embargo, la dirección del hospital pasó de la aparente implicación —“de la primera reunión salí muy contenta”, recuerda López Coll — a las represalias contra la alertadora. Después de cerrar en falso un expediente abierto contra Palacio por su polémica actuación contra la residente, y cuando aún parecía que “unas señoritas no iban a echar a un excelente profesional”, según la frase atribuida al gerente e impresa en carteles por el hospital, el gerente y el director de Recursos Humanos “amenazaron” con un expediente a López Coll durante una reunión con representantes sindicales. “[Los directivos] están muy preocupados con el nombre del hospital, pero yo creo que hay que defenderlo de otra manera, no matando al mensajero”, relataron a este diario fuentes sindicales tras la reunión. La portavoz del hospital ha declinado responder a nada: “No haremos declaraciones”, dijo.

La reacción de los directivos sorprendió a López Coll no tanto por el resultado de las pretendidas investigaciones, como por sus personales métodos de actuación: el expediente contra el jefe de Urgencias que instruyó Vidal contiene falsedades clave que distraen la verificación de los hechos; y Perelló ofreció dinero a una de las doctoras residentes a condición de que renunciara a saber quién había accedido a su historial clínico, algo que la residente reclamaba después de haber comprobado a través de la aplicación del sistema de salud catalán que había habido accesos a su historial sin justificación médica aparente. La Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Oficina Antifraude de Cataluña están investigando estos hechos, según adelantó EL PAÍS.

Escudo legal

“La reacción de la gerencia es imprevisible, nunca puedes saber qué va a hacer, pero la resolución me da cierta tranquilidad”, dijo López Coll esa mañana lluviosa en Santa Coloma. Es una de las primeras en obtener este año el reconocimiento de “persona protegida” en Cataluña bajo el paraguas de la Ley 2/2023, que traspuso una directiva europea. Sin embargo, a nivel nacional la aplicación de la ley está siendo casi tan lenta como su aprobación, concretada un día después de que la Comisión Europea denunciara a España por el retraso. Más de dos años después, el Congreso ha nombrado este mes al catedrático Manuel Villoria para presidir la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que aún debe materializarse.

En coordinación con dicha Autoridad Independiente, la ley prevé que sean organismos autonómicos como la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) los que funcionen como canal para recibir e investigar denuncias y proteger a los denunciantes. Hay otras agencias autonómicas ya en marcha. “Cataluña, Andalucía y Valencia son las que mejor funcionan”, asegura el hoy abogado Santiago Torres, que como juez tuvo un papel destacado en la lucha contra la corrupción, experiencia que ahora aplica como asesor de algunos países en la creación de estas agencias.

La condición de “persona protegida” se notifica también a las empresas o administraciones denunciadas. En 2024, en Cataluña la obtuvieron 17 denunciantes. La agencia valenciana tiene 36 personas con esa condición vigente, aunque solo 4 la solicitaron en el último año, al amparo de la nueva ley. En Andalucía, hay 14. Ninguna de las tres agencias ha tenido que usar su potestad sancionadora contra ninguno de los entes advertidos. Con la nueva ley, la protección, además de un escudo frente a las represalias y asesoramiento legal, incluye ayuda psicológica para los denunciantes.

Pero, ¿por qué hacía falta esta nueva figura, si cualquiera puede acudir a la policía o al juzgado para denunciar? La nueva ley crea un espacio previo al tradicional de la investigación judicial en el que los alertadores tienen también nuevos derechos. “Derecho a la protección de su identidad, protección frente a represalias laborales y frente a las responsabilidades que pudiera incurrir, por ejemplo, cuando un alertador haya firmado una cláusula de confidencialidad”, señala Beatriz García-Moreno, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y autora del libro Del whistleblower al alertador (Marcial Pons, 2020). La ley deja “sin efecto” cualesquiera “cláusulas de confidencialidad” que “impidan o pretendan limitar el derecho o la capacidad de informar”, según el texto legal.

Pero ni la directiva ni la ley llegan tan lejos como prometían. “Hacen amago de eximir de cualquier responsabilidad, aunque luego la ley dice que no exime de responsabilidades penales”, subraya la profesora García-Moreno. “Tendría que haber una excusa absolutoria mucho más amplia, para que aquellos inclusive que han participado en unos hechos puedan denunciarlos para frustrar el delito”, defiende el exmagistrado Torres. A su juicio, la solución no pasa tanto “por garantizar al denunciante su anonimato, como por establecer una serie de garantías por las que estas personas no teman que se conozcan que son ellas las denunciantes”, añade.

En el caso de la FHES, cuando las residentes solicitaron recuperar los audios y los escritos de sus propias denuncias con vistas a emprender acciones legales fuera del hospital, los responsables de la FHES alegaron dicha confidencialidad para negárselos, según las comunicaciones leídas por este diario. La psicóloga forense contratada por el hospital para instruir seis protocolos de acoso, Eva García Calderón, ha declinado responder a las preguntas de este diario, ni siquiera las que no se referían a la identidad de nadie, por “compromiso de confidencialidad”, dijo por teléfono. Las seis actuaciones (cinco por presunto acoso psicológico y uno, sexual) se cerraron con informes calcados, sin descripción de los hechos ni de sus circunstancias, y una misma fórmula: “No hay evidencias de acoso”.

El canal del periodismo

En lugar de “confidencialidad”, los responsables del Esperit Sant usaban otra palabra para mantener el caso dentro de casa: “estanqueidad”, según varias comunicaciones. Frente a la estanqueidad, ellas llamaron a los medios. Una residente contactó con un periódico catalán, que pidió que primero denunciaran ante la policía o el juzgado. A este diario, López Coll acudió buscando “ayuda externa”. La ley y la Directiva señalan el periodismo de investigación como un tercer canal externo (después de la propia institución y las agencias de protección) al que pueden acudir los informantes .

No es la primera vez que trabajadores del hospital denuncian internamente accesos indebidos a sus historiales clínicos por parte de responsables de servicios, según documentos vistos por este diario. Pero sí la primera vez que las denuncias desbordan los muros del hospital. “Yo creo que la mayoría de los trabajadores del hospital no podíamos pensar que estuviéramos gestionados por alguien así. Y confío en que el Patronato actúe. El desprestigio, y ya no solo del hospital, sino de la ciudad, es enorme. Es increíble que alguien que está gestionando dinero público esté haciendo lo que supuestamente hace. No es ya no investigar adecuadamente unos supuestos casos de acoso, psicológico y sexual, sino todo lo que se genera alrededor de esos casos: supuestos sobornos, amenazas de expulsión a trabajadores, crueldad con las residentes, fomentar la difamación”, concluye López Coll.

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