Un mal cálculo del paro de los transportistas desborda al Ejecutivo

El sector socialista del Gobierno nunca midió bien el alcance político y social de los paros convocados por una plataforma minoritaria del transporte ante la subida del precio de los carburantes, según admiten algunos dirigentes políticos. Minusvaloró esa protesta e incluso varias ministras la descalificaron inicialmente como promovida por grupos violentos de la ultraderecha. Tampoco contaron con el creciente malestar ciudadano por las consecuencias económicas de la guerra, que se empiezan a notar en el paro de los transportistas, en el precio de la gasolina y en el desabastecimiento en los supermercados. Dirigentes de partidos socios y aliados del Ejecutivo, con los que se están reuniendo estos días en el Congreso para buscar apoyos al plan de respuesta a esa crisis, comentan a EL PAÍS que ven a los ministros “preocupados, inquietos y hasta desbordados”.

El PSOE se está encontrando estos días más solo que nunca en el Congreso. A las palabras gruesas, las críticas y las descalificaciones recurrentes del PP, Vox y Ciudadanos, se han unido ahora las divergencias y desmarques más o menos pactados con sus socios de Unidas Podemos. A eso se suman las quejas por la falta de información de los otros aliados de la legislatura, como el PNV, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís. Varios portavoces de esas formaciones se permitieron alertar el martes al Ejecutivo de que esa situación podría estar descontrolándose justo esta semana, como señaló Íñigo Errejón.

El Gobierno, sin embargo, no asume esas críticas ni toma nota de los avisos. Argumenta que no se ha llegado “tarde y mal” para atajar estos conflictos porque entiende que se han puesto en marcha muchas actuaciones; enumera hasta 29 reuniones y comparecencias del presidente, las vicepresidentas y los ministros con los sectores afectados desde el 1 de marzo y anuncia el avance de nuevas citas, este mismo jueves, con la comisión nacional que regula el funcionamiento de los transportes. Desde La Moncloa destacan que sí ha habido “empatía y comprensión” hacia las demandas de los afectados por los paros, y se remarca que siguen “trabajando y peleando para proponer soluciones”. Pero ni sus socios, ni la oposición ni las patronales CEOE y Cepyme entienden por qué no se han ejecutado algunas medidas ya. En esa demanda de mayor celeridad han coincidido Podemos y la patronal, aunque con planteamientos contrapuestos.

La directiva de CEOE se reunió el miércoles y emitió un duro comunicado en el que reclama al Ministerio de Transportes que en la reunión de la Comisión Nacional del Transporte de este jueves se “detallen, clarifiquen y ultimen” decisiones “rápidas, concretas y efectivas” relativas a “las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con otros países de la UE, para que el transporte pueda operar con normalidad”.

La delegación del Gobierno, encabezada por el ministro Félix Bolaños y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que se ha entrevistado con interlocutores de los demás partidos (menos de Vox), ha escuchado dos tipos de soluciones para encarar la posible salida de esta crisis.

Desde el centro y la derecha, se han focalizado las alternativas en bajar más los impuestos, especialmente de los carburantes. La izquierda ha centrado sus propuestas en lo contrario, esto es, en pedir más presión fiscal para las grandes empresas eléctricas y “los más ricos”. Es la posición que le reiteraron el miércoles en los apenas 20 minutos que duró su cita los representantes de Unidas Podemos, Pablo Echenique, Jaume Asens, Sofía Castañón, Enrique Santiago, Antón Gómez Reino y Juantxo López de Uralde. “La clave fundamental debe ser que la crisis no la paguen los de abajo, sino que sea sufragada por los de arriba, que deben arrimar el hombro”, resumieron fuentes de Podemos.

PP, Vox y Cs coinciden en ver al Ejecutivo “paralizado” o “desaparecido”. Denuncian que no les ha facilitado ningún papel o documento de trabajo con actuaciones precisas, y advierten de que no convalidarán el decreto que anuncia el Gobierno con nuevas actuaciones tras el Consejo de Ministros del próximo martes si lo que se les requiere es un “cheque en blanco”.

Populares y Ciudadanos se sumaron al bloque del sí que convalidó el 17 de marzo —con 283 votos a favor frente a 56 abstenciones— el decreto que el Gobierno pactó en Navidades con las principales empresas del transporte, que ha tardado tanto en entrar en vigor. El entonces portavoz del PP, Miguel Ángel Castellón, ya avisó: “Apoyamos por responsabilidad, pero no es suficiente ni responde a la coyuntura actual. Pedimos más”.