Sortu avanza en zigzag

Dos meses después de que Arnaldo Otegi reconociera que nunca debería haberse producido dolor a las víctimas del terrorismo de ETA, y al mes de que el colectivo de presos de dicha organización abogara por eliminar los ongi etorris (homenajes públicos a los etarras excarcelados) para no añadir más dolor a sus víctimas, se han producido dos hechos: Sortu —partido sucesor del antiguo brazo político de ETA— expresa su “apoyo y solidaridad” a Mikel Antza, presunto jefe político de ETA entre 1992 y 2004, al que la Audiencia Nacional acaba de abrir una nueva causa; y, a la vez, prepara el camino para que entre en su dirección el último portavoz de la organización terrorista, David Pla.

Son movimientos que afectan a Bildu —la coalición abertzale donde se integra Sortu—, que sabe que, aunque sus estatutos rechazan hoy el terrorismo, no tendrá una homologación democrática completa hasta que Sortu reconozca que no debió apoyar la pretensión de ETA de utilizar la violencia para lograr objetivos políticos en una democracia.

Sortu avanza en zigzag. Los últimos movimientos visibilizan un retroceso y se explican en clave interna. La dirección del partido, que controla el grupo afín a Arnaldo Otegi y que promovió hace más de una década el rechazo del terrorismo, afronta un congreso en enero con un sector crítico del 22%, receloso de la institucionalización del partido abertzale.

La dirección de Sortu, en un gesto de autoridad, ha impedido el reconocimiento de esos críticos como corriente interna, y la entrada de Pla en su dirección reforzaría las posiciones oficialistas al estar alineado con ellas, señalan en el partido abertzale. Además, Pla no provoca el mismo nivel de rechazo de las víctimas del terrorismo que suscitan otros etarras, al carecer de delitos de sangre. Está vinculado a la etapa final de ETA, en la que fue portavoz e integró la delegación que esperó en Oslo al Gobierno para preparar el desarme y disolución de la banda terrorista.

Sin embargo, Mikel Antza, presunto jefe político de ETA en la etapa de la llamada socialización del sufrimiento, una de las más negras de la historia etarra, suscita amplio rechazo. Sortu explica su apoyo a Antza porque ya fue condenado en Francia a 20 años de prisión, de los que cumplió 15, y se opone a que le abran nuevas causas —la última, relativa al asesinato del teniente alcalde del Ayuntamiento donostiarra, Gregorio Ordoñez, promovida por Dignidad y Justicia—.

Sortu sabe que debe respetar el funcionamiento del Estado de Derecho. Su actitud oficial y las presiones internas revelan que le va a costar dar el paso fundamental que tiene pendiente, una vez logrado el final del terrorismo: reconocer que ETA no debió utilizarlo para lograr objetivos políticos en una democracia.