El Consejo de Europa avisa a España de que la reforma del Poder Judicial puede vulnerar sus “normas anticorrupción”

El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, Marin Mrcela, ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que advierte de que la reforma legal propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial puede “suponer una violación de las normas anticorrupción” de este organismo. En el escrito, fechado el pasado 14 de octubre, Mrcela asegura que “seguirá de cerca los desarrollos actuales” y pide más información sobre la iniciativa de los dos socios del Gobierno para preparar el próximo pleno del Greco, que tendrá lugar de los próximos 26 al 30 de octubre. El ministerio de Justicia, que ya ha recibido la carta responderá “de forma inminente”, según han informado fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Campo.

El Consejo de Europa lleva años censurando el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dando avisos por el incumplimiento de sus recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en las Cámaras. La reforma legal propuesta ahora ahonda, según el organismo, en este problema y “se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa”. Mrcela, con todo, incurre en un error al describir la propuesta del Gobierno, ya que señala que implica rebajar de mayoría cualificada a “mayoría simple” los votos necesarios para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo. El texto registrado en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos no sustituye la mayoría de tres quintos por mayoría simple, sino absoluta. Esta es una de las “inexactitudes” que Justicia va a reseñar en el texto de respuesta que tiene previsto enviar a Greco, según fuentes del ministerio.

La carta está dirigida a Ana Andrés Ballesteros, jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia. El presidente de Greco apunta que “los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, están destinados a ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción”. “Nuestras normas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles de la judicatura. Greco ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del cupo judicial”, subraya Mrcela.

Este es el principal reproche de fondo del Greco a España, país al que Mrcela recuerda que lleva siete años desoyendo la recomendación que le pedía, ya en 2013, “una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida, con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas”.

En su cuarta ronda de evaluación de España, publicada en junio del año pasado y centrada en la “prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales”, el Greco dice “reconocer los esfuerzos realizados” por las autoridades con la aprobación, en diciembre de 2018, de la Ley Orgánica 4/2018 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca “reforzar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas en los métodos de trabajo del CGPJ”. No obstante, insiste en que tampoco en esa ocasión se trabajó en la cuestión de la composición del organismo y “la necesidad de eliminar la elección del turno judicial por parte de los políticos”. En este sentido, lamenta el organismo del Consejo de Europa, “se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”.

Las críticas y avisos del Grupo de Estados contra la Corrupción se unen a las que ya formuló hace una semana la Comisión Europea, que ha mostrado su temor a que la reforma legal propuesta por los socios de Gobierno ponga en peligro la independencia judicial y agrave la impresión de que el Poder Judicial es vulnerable a la politización.