Moderar los alquileres

El Gobierno está actuando en el mercado de la vivienda consciente de que solo es posible conseguir logros parciales. El real decreto ley de la semana pasada, que modifica nada menos que cinco leyes “mayores” (Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal y Enjuiciamiento Civil son las más destacadas) se propone frenar el peligroso aumento del precio de los alquileres, más del 9% este año. Una subida que pone en peligro el acceso de los profesionales y trabajadores jóvenes a la vivienda y, cuando se une a la presión de los pisos turísticos, provoca descontento ciudadano y desertización en los barrios afectados.

Fomento ha entendido, correctamente, que solo es posible aliviar la presión sobre los alquileres aumentando el volumen de viviendas sociales disponibles. De ahí que pretenda poner en el mercado unas 20.000 viviendas en los próximos seis años, un esfuerzo que tiene pocos precedentes en los últimos 20 años. El voluntarismo de la propuesta salta a la vista, pero transmite el mensaje de que se actúa sobre los precios a través de una ampliación de la oferta. Sería más discutible recurrir a una intervención en los precios, tal como establece el acuerdo entre el Gobierno y Podemos. Solo en casos muy extremos, que hoy no se dan, tiene sentido limitar los precios.

Ampliar de tres a cinco años la prórroga obligatoria en los contratos de arrendamiento significa rectificar de raíz las normas aprobadas por los Gobiernos de Rajoy. No está demostrado que una mayor protección legal de los propietarios sea un incentivo para que pongan sus viviendas en alquiler. El estímulo principal para ofrecer metros cuadrados en alquiler es el precio. Esa es la razón por la cual han proliferado los pisos turísticos en las ciudades; los dueños han entendido que es más rentable liquidar los contratos con inquilinos estables y sustituirlos por una elevada rotación de turistas, sin ninguna relación con el vecindario, ni con el bienestar comunitario del barrio.

El cambio en la Ley de Propiedad Horizontal permitirá que una mayoría de 3/5 de la comunidad de vecinos pueda limitar el alquiler turístico. Muchas comunidades están alarmadas por la posibilidad de que una o varias viviendas entren en la vorágine turística; a partir de ahora, tendrán un instrumento más afinado para evitarlo.

Para un Gobierno con perspectivas de estabilidad, el real decreto ley sería el primer paso en una reforma más profunda del mercado de la vivienda. Pero esa reforma, que debería incluir normas estrictas para impedir la venta de viviendas sociales a fondos buitre, necesita más apoyos parlamentarios y un pacto político que garantice su continuidad.