Inseguridad ambiental

Que durante más de 50 años ni las comunidades de regantes, ni los alcaldes de los municipios, ni siquiera la Confederación Hidrográfica del Tajo tuviera noticias de que se habían depositado vertidos radiológicos a orillas del canal del Jarama indica el oscurantismo que ha rodeado la gestión del episodio de contaminación radiológica ocurrido en las instalaciones de la Junta de Seguridad Nuclear en 1970, en pleno franquismo. Los lodos radiactivos de aquella fuga fueron depositados en ocho grandes zanjas junto al canal del Jarama sin que fueran señalizadas y sin que se haya hecho un seguimiento adecuado de los niveles de contaminación. De dos de ellas ni siquiera se conoce la localización exacta.

Los residuos allí enterrados contenían con seguridad cesio 137 y estroncio 90, que tienen una vida activa media de unos 30 años, pero hay sospechas de que en esos lodos pudiera haber también otros isótopos de actividad más larga. En cualquier caso, la realidad es que hay unos enterramientos radiactivos sin señalizar de cuyo peligro no tenemos una certificación fiable. El Consejo de Seguridad Nuclear afirma que los niveles de contaminación no suponen un riesgo para la salud, pero no apoya esa afirmación en mediciones recientes. Las últimas de las que se tiene constancia se hicieron en 1995 y dieron lugar en 2012 a un informe interno del Consejo de Seguridad Nuclear, uno de los dos organismos derivados de la extinta Junta de Seguridad Nuclear, en el que se aconsejaba “realizar una caracterización más completa del alcance de la contaminación”, cosa que no se ha hecho.

A ello hay que añadir que desde hace 10 años se incumple el decreto que obligaba al Gobierno a realizar un inventario de suelos y recursos hídricos que, como es el caso de los márgenes del Jarama, pueden estar contaminados. Lo sucedido con estos vertidos y el incumplimiento de la propia normativa nos lleva a la inquietante pregunta de cuántos otros episodios como este se han podido producir sin que tengamos constancia y qué riesgos soporta la población en este y otros lugares por falta de diligencia de los responsables de gestionar los residuos nucleares.

La dejadez con que se ha tratado este asunto hace albergar una gran desconfianza hacia los organismos públicos encargados de velar por la seguridad ambiental. La única forma de restablecer esa confianza es realizar un estudio de riesgo de la zona afectada para tomar las medidas que los datos aconsejen, y realizar en el tiempo más breve posible el inventario de terrenos contaminados que exige la normativa. De poco sirve tener una legislación equiparable a la de otros países en materia de seguridad si no se ejercen controles eficientes para su cumplimiento.