Inquilinos desahuciados

Un mercado de alquiler vigoroso es condición necesaria para frenar burbujas inmobiliarias como la que llevó a la gravísima recesión española reciente. Pero no basta con observar cómo aumentan sin cesar los precios de los alquileres —según sean las tasaciones y las localizaciones, entre el 9% y el 18% en 2017— para dar por hecho que el mercado funciona sin distorsiones. En los últimos 18 meses se advierte un desequilibrio que debería ser corregido con la acción conjunta del Gobierno y los Ayuntamientos. El número de desahucios atribuidos a impagos del alquiler aumentan de forma preocupante, al tiempo que disminuyen los causados por impago de hipotecas.

Muchos propietarios de las viviendas están aplicando con rigor la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013. Inician un proceso de desahucio al primer impago, en espera de nuevos inquilinos que paguen mensualidades más elevadas. Los efectos moderadores de un mercado de alquiler se producen no sólo porque ofrecen una opción distinta de la propiedad, sino porque ofrecen una vivienda estable a quienes la necesitan para desarrollar o aspirar a un trabajo estable. Por eso son admirables los sistemas de alquiler en Reino Unido o los países nórdicos: comprometen al propietario por largos periodos de tiempo, muy superiores a los tres años que reconoce la ley española.

Si la propiedad es cara e inaccesible y también se disparan los alquileres, el mercado de la vivienda tiene un grave problema social. Pero la ampliación legal de la duración mínima de los contratos de alquiler y la renovación automática que proponen algunos partidos no resuelven el problema, puesto que tienden a retraer la oferta. Es necesario explorar otras fórmulas. Por ejemplo, que los Ayuntamientos hagan censos de viviendas alquilables e incentiven fórmulas contractuales más largas para el inquilino y más seguras para los propietarios.