Falta un Presupuesto

Desde cualquier perspectiva que se observe, la ausencia de un Presupuesto del Estado es una anomalía política que en muchos países democráticos como España se considera grave. Es habitual que la incapacidad para acordar una mayoría parlamentaria que apruebe las cuentas públicas de un país provoque una crisis de gobierno y quizá nuevas elecciones. La importancia que se atribuye a un Presupuesto está bien fundada: representa la estabilidad económica del país, marca las reglas del juego del gasto y permite desarrollar una de las tareas fundamentales en una democracia parlamentaria, que es el control de las cuentas públicas. En su ausencia, el gasto público queda expuesto a la arbitrariedad o al bloqueo.

Cuando el ministro de Hacienda dice que “no descarta” prorrogar el Presupuesto durante dos años consecutivos (2018 y 2019; el de 2017 ya fue prorrogado), lo que está sugiriendo es que la legislatura actual se instale en una anomalía política durante el siguiente bienio; anomalía que permitiría al Gobierno gobernar mediante decretos leyes y sustraerse a la acción preventiva del Congreso. Cabría interpretar que el ministro está lanzando una amenaza política; pero la simple sugerencia puede evocar un uso descuidado de las instituciones públicas y de las reglas del juego democrático.

Sin Presupuesto, la credibilidad de las instituciones en el exterior (en particular, entre los socios europeos) queda en entredicho; las partidas presupuestarias permanecen bloqueadas a expensas de decretos que, posteriormente, en trámite normal, pueden ser rechazados por la oposición —sería el caso de los aumentos salariales a la policía, a los funcionarios o los 4.300 millones destinados a las Comunidades Autónomas—; los gastos de protección social quedan detenidos y las inversiones, paralizadas. No es un buen análisis calificar de obsoleta la idea de que un país se gobierna desde el Presupuesto. Tal descalificación solo sería aceptable si se niega valor al control democrático del Parlamento sobre gastos e ingresos públicos.

En julio habrá que rendir cuentas en Europa con la aprobación de un techo de gasto para 2019. Si se mantiene la incapacidad del Gobierno y sus socios potenciales (Ciudadanos y PNV) de pactar dicho límite, sería hora de ir pensando en una convocatoria electoral o en que el Gobierno explique cómo pretende salir de la parálisis económica y política actual. Gobernar durante media legislatura a golpe de decreto es un disparate que el Parlamento debería rechazar y descalificar.

El PP está demostrando que no sabe gobernar en minoría. Y Ciudadanos es incapaz de convertir sus expectativas reformistas en hechos. Estas serían las causas de la insólita anomalía presupuestaria. Es imprescindible que ambos negocien la vuelta a la normalidad presupuestaria como prioridad a sus diferencias de partido. La sociedad tiene problemas muy graves cuyo diagnóstico y encauzamiento político no pueden esperar dos años. Como, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, el modelo de financiación autonómica o una reforma fiscal en condiciones.