Fiscalía bajo sospecha

Intentar frenar una investigación en un caso de corrupción desde la Fiscalía Anticorrupción no es solo un contrasentido; es intolerable. La rebelión de un puñado de fiscales ha dejado al descubierto lo que hasta ahora era una bien fundada pero al fin y al cabo mera sospecha. El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se opuso, en contra de la opinión de los subalternos que llevaban el caso, a parte de los registros y diligencias que el miércoles desembocaron en la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otras 11 personas.

La llamada Operación Lezo pudo seguir su curso en contra del criterio de Moix gracias al apoyo casi unánime de la Junta de Fiscales a la que tuvieron que acudir sus subalternos. Las diligencias, en definitiva, han destapado un importante caso de corrupción política protagonizado, de nuevo, por dirigentes del Partido Popular, pero han puesto al descubierto de manera descarnada hasta qué punto el Partido Popular se vale de su presencia en el Gobierno y su control de la fiscalía para tapar los gravísimos casos de corrupción que le asedian.

Es difícil inculcar en la ciudadanía respeto y confianza en la fiscalía cuando esta es, al mismo tiempo, manipulada por intereses partidistas. El Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera se toma la molestia de aparentar otra cosa. Nombra en la cúpula del ministerio público a juristas afines y en febrero, cuando los casos de corrupción le acorralan en los tribunales, permite que el controvertido fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, releve de sus puestos a los fiscales más incómodos, a los que justamente han perseguido los delitos de corrupción política del PP que tanto alarman a los ciudadanos.

Entre las destituciones de febrero, cuando el caso del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez estaba en plena efervescencia, estuvo la de Manuel López Bernal. Este fiscal fue el que destapó el escándalo que ha forzado (tardíamente, como siempre) la dimisión de Sánchez. El propio López Bernal ha denunciado intimidaciones e intentos de injerencia política y ha manifestado públicamente la desprotección en la que quedan, por tanto, muchos fiscales. Flaco favor al Estado de derecho le hacen los que debilitan la independencia de criterio del ministerio público, cuya misión principal es la de perseguir el delito y no dedicarse, en contradicción manifiesta, a ocultarlo.

La credibilidad de la Fiscalía General del Estado se ha evaporado por completo. Ante el escándalo destapado por la rebelión de fiscales, aquella ha alegado que el problema ha estado en meras “discrepancias técnico-jurídicas”. Es un argumento difícil, cuando no imposible, de creer, dados los precedentes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, están obligados a comparecer en el Parlamento para dar las explicaciones precisas a la oposición y a toda la ciudadanía. No será la primera vez que lo hacen. Su capacidad de convicción es, por fuerza, limitada. El PP, en su avidez de controlar las instituciones y tapar sus casos de corrupción, alimenta la desconfianza y amenaza seriamente la salud democrática de este país.