La depravación sexual de un párroco, impune

“Me robaron mi infancia, mi ilusión, mi inocencia”. Un hombre de 42 años que responde a las iniciales de F. L. reunió el coraje para escribir al papa Francisco en 2014 y denunciar los abusos que había sufrido cuando era seminarista. Él, su hermano gemelo y otros internos del Seminario Menor de La Bañeza se acostaban con terror a la espera de la visita nocturna del profesor José Manuel Ramos Gordón, que elegía a discreción a qué cama acercarse para saciar su depravación sexual. Tenían 14 años, era el curso 1988-1989 y lo denunciaron en varias ocasiones, pero solo sufrieron castigos y silencio así que optaron por callar. Y ha sido muchos años después, ante las noticias que hablaban de un Papa escandalizado por la pederastia que había socorrido a otras víctimas, cuando F. L. se animó a escribirle al Vaticano.

El caso lo cuenta estos días La Opinión de Zamora, que recoge la apertura de un procedimiento en la Diócesis de Astorga que se resolvió en mayo con la orden del obispo Juan Antonio Menéndez de apartar al abusador de su parroquia durante al menos un año. Le condenó también a labores asistenciales a sacerdotes ancianos “así como otras tareas caritativas”. Si eso no es impunidad, se le parece mucho.

 Que un sacerdote haya abusado de niños es un escándalo mayúsculo. Que eso ocurriera con la connivencia de sus compañeros y superiores lo es aún mayor. Y que el hombre se salga de rositas con un año de apartamiento de su parroquia extiende la magnitud y responsabilidad del escándalo a las capas superiores de la Iglesia católica, que en numerosos lugares sigue infravalorando el delito de abusos a menores y el daño que causan de por vida para abordarlo como un pecadillo que no requiriera más que una amonestación.

El cura Ramos Gordón, párroco de Tábara (Zamora) desde 1990, no solo ha sido condenado a una pena ridícula, sino que ni siquiera la ha cumplido. El citado diario menciona dos misas que ha celebrado en septiembre y octubre en este pueblo y otra que ha concelebrado. Desde que se conoció esta noticia el pasado domingo, 25 exseminaristas han dado la cara para confirmar las denuncias de F. L. “Aún siendo muy pequeños, éramos conscientes de que aquella situación no era normal y no sabíamos cómo actuar debido a nuestra inocencia. El pederasta ya ha reconocido su pecado. Ahora pedimos que se manifiesten todos los demás, que aún sabiéndolo y teniendo el deber de mediar y evitarlo, no lo hicieron”.

Queda poco que añadir y mucho que hacer: la Iglesia debe perseguir con dureza a sus abusadores y no puede conformarse con apartamientos más o menos compasivos. Independientemente de los procesos judiciales —en este caso, el delito ha prescrito— las investigaciones deben llegar a los cómplices y el proceso de perdón y reparación debe ser activo y exigente. Afortunadamente el papa Francisco se ha movilizado, pero cabe exigirles que no sea el único.