España, semiparaíso fiscal

España no es un paraíso fiscal. Se pagan impuestos. Pero no todos pagan, ni todos los que pagan pagan lo que debieran, aunque cumplan con la ley. Aprovechan sus resquicios y sus exenciones. Muchos son elusores, no evasores.

Así, las grandes empresas locales pagaron un tipo efectivo del 7,3% por el impuesto de sociedades sobre 2014, cuando el nominal era del 30%. Y las multinacionales, sobre todo las siete tecnológicas norteamericanas, casi cero patatero: entre todas, 18,3 millones de euros por ese mismo año.

Estas siete magníficas se llaman Apple, Amazon, Twitter, Microsoft, Ebay, Google y Facebook. Desvían beneficios logrados aquí imponiendo al negocio de sus filiales hispanas altos precios por su transferencia de propiedad intelectual, ese viejo truco.

Países parejos, como el Reino Unido, hartos de ser semiparaíso —lo son aquellos en que las multinacionales driblan al fisco— se inventó hace casi un año la Google Tax, y ya ha recaudado 172 millones de euros a esa empresa. Italia, otros 227 a la agregadora, y 318 a Apple. Pero el Gobierno de España —conservador, como el británico— ni siquiera envía inspectores a estas compañías.

Somos los semiparaísos pasivos. Y están los semiparaísos activos, como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, desde donde se dribla a sus propias Haciendas, y a las del resto de la UE, con triangulaciones que muñen las mayores ventajas de cada legislación. Todo legal, y con rutilantes asesores.

Muy inventivos. Como su método del “doble irlandés con sandwich holandés”: enviar beneficios a una firma irlandesa donde radica la sede europea, luego a una compañía holandesa y al final a una segunda irlandesa instalada en un verdadero paraíso fiscal, digamos las Antillas... holandesas.

La semana pasada hubo dos buenas noticias contra estos abusos. El grueso de los países de la OCDE (entre ellos España, y también los tres semiparaísos activos, y Suiza y Liechtenstein) firmaron el Acuerdo de la Autoridad Competente Multilateral por la que en 2017 intercambiarán información automática sobre las multinacionales elusoras. Y la Comisión Europea anunció su paquete de armonización fiscal —potente pero “de minimis”: reglas y estándares— en busca de 70.000 millones desviados al año por ellas. Pero habrá pelea. Y retrasos. Y mientras, España, in albis.