Atención a los mayores

El incendio ocurrido el pasado fin de semana en la residencia privada Santa Fe de Zaragoza en el que fallecieron ocho de los 19 ancianos alojados es el mayor desastre ocurrido en España durante los últimos 15 años en un geriátrico, y vuelve a situar la tragedia en un segmento demográfico cada más vulnerable. A medida que se agudizaba la crisis económica, las personas mayores con menos recursos han visto empeorar sus condiciones de vida por el descenso en las ayudas sociales y los fondos destinados a cumplir la ley de dependencia.

Las sombras que rodean tanto al origen del siniestro de Zaragoza —se investiga si el fuego pudo ser provocado por una residente o fruto de una negligencia— como al funcionamiento del propio centro exigen una aclaración por parte de las autoridades políticas y judiciales. Es urgente determinar si la instalación cumplía la normativa sobre apertura o si operaba (nada menos que desde 1997) sin tener en regla la licencia de actividad. Hace falta también aclarar si la residencia respetaba las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, si constaban deficiencias de mantenimiento y si el personal contratado era el adecuado para atender a los ancianos, muchos de ellos nonagenarios.

El proceso de envejecimiento de la población es un desafío para toda la sociedad. Pero es a las instituciones públicas —especialmente a las Administraciones locales y autonómicas— a las que corresponde extremar la vigilancia de esta clase de establecimientos, para que no se conviertan en almacenes, en guetos para mayores sin ningún tipo de control o una supervisión mínima sobre las condiciones de vida. Mayor rigor a la hora de otorgar las licencias de las residencias, reducción de los periodos de provisionalidad y solidez en las inspecciones pueden evitar que desgracias como la de Santa Fe vuelvan a repetirse.