Claridad judicial

Es imposible desvincular la dimensión social de la figura del juez estrella de la actuación de algunos magistrados que parecen olvidar el principio esencial de la justicia penal, centrado en la investigación y juicio de hechos concretos. Prueba de ello son las iniciativas de la juez Mercedes Alaya, que ha decidido investigar la totalidad de los fondos públicos utilizados por la Junta de Andalucía para formación durante 12 años consecutivos y los cursos impartidos por patronal y sindicatos desde 2001. De ahí su petición a la Junta de una documentación cifrada por la propia magistrada en más de dos millones de folios, frente a los 300.000 que ocupa el caso de los ERE.

Alaya lleva mucho tiempo bordeando las funciones fijadas por la ley al instructor. Ocultación de pruebas al fiscal y a las defensas, retrasos de hasta tres años en la toma de declaraciones a imputados, riesgo de prescripción de delitos (ya le ocurrió con los hermanos de la ministra Fátima Báñez en el caso Mercasevilla) o sostener que el Presupuesto andaluz ha sido falseado. Ha tardado mucho en elevar al Supremo la parte de los ERE que afecta a aforados (entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y, cuando lo ha hecho, se ha comprobado que lo esencial se basa en conjeturas. Ahora Alaya pretende otra investigación mucho mayor, y con posibilidades aún menores de llevarla a término en plazo razonable.

Existen suficientes indicios de que la herencia de anteriores equipos de la Junta de Andalucía está plagada de irregularidades o deficiencias de gestión. En el caso de los fondos para formación, esas prácticas han sido similares en otras partes de España. La crítica a la gestión del Ejecutivo es obligada en el ámbito político, pero queda lejos de la justicia penal.

No se trata de ahorrar sinsabores a antiguos cargos del PSOE, como seguramente dirán los demagogos de turno, sino de mantener la confianza en la independencia judicial. Ya vale de búsquedas indiscriminadas que alimentan el populismo con el que se pretende descalificar a las instituciones ante el pueblo, a lo cual contribuye la confusión de gestiones discutibles con comportamientos delictivos.

La fiscalía y los tribunales correspondientes deben intervenir si la magistrada no se corrige a sí misma. Los delitos han de ser investigados y juzgados, sin la menor duda; las causas generales no caben en una democracia digna de tal nombre.