Jóvenes en paro

Si en vez de desgastarse —y desgastar la paciencia ciudadana— en riñas de gallos de alcance parroquial, los partidos políticos se tomaran en serio los verdaderos asuntos del debate comunitario, otro gallo cantaría. Porque es falso que la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo deba versar sobre cuestiones abstrusas, diseños institucionales y cuestiones alejadas de las máximas preocupaciones sociales.

Por ejemplo: el paro juvenil. Esta lacra está asfixiando en España a una generación —el 55% de los jóvenes de hasta 24 años, unos 880.000, están desocupados—, y está desangrando el futuro, si no se recuperan esas levas que amenazan con convertirse en una generación perdida. Eso sí, con la mordaz paradoja de ser la más preparada de la historia. A escala europea son seis millones los jóvenes sin empleo, lo que supone un coste anual superior a 150.000 millones de euros, un 1,2% del PIB de los Veintiocho, esto es, un 20% más que el presupuesto común.

El Pacto por el Crecimiento y el Empleo acordado por la UE en junio de 2012 fructificó en 2013 en la dotación de 6.000 millones para la “garantía joven”, de forma que una vez acabados los estudios los chavales puedan acceder a unas prácticas, una formación adicional o un empleo en el periodo máximo de cuatro meses. Es una política europea solo complementaria de las políticas laborales de sus Estados miembros, pero puede ser eficaz.

Se sabe por experiencia —sobre todo de los países nórdicos— que ese tipo de plan es efectivo a la hora de reducir el nicho más alto, y más inquietante a largo plazo, del desempleo. Pero la dotación acordada es escasa: los 6.000 millones son para un periodo de siete años y para 28 países. Parece evidente la conveniencia de aumentarla, como aconseja la OIT. Y se sabe que, en España, los jóvenes con estudios encuentran más fácilmente trabajo: solo el 18% de ellos (por contraste con el 55%) está parado. Discutan los partidos cómo mejorar la estrategia europea de empleo, propongan sus alternativas concretas a los ciudadanos y que estos decidan.

Pero junto a la cuantía de la dotación destaca otro problema: la exasperante lentitud en su aplicación. Un año largo después, aún se está diseñando el plan operativo. Cada día de retraso equivale a cientos de oportunidades perdidas. Qué gran contraste con la rapidez de semanas con la que se redactó la reforma laboral.