Aceite resbaladizo
El Estado no está para salvaguardar españolidades, sino para procurar la legalidad de la compraventa

Cada vez que un grupo empresarial español corre el riesgo de caer en manos de capital extranjero se desata una tormenta de voces plañideras —entre las cuales sobresalen las de los políticos locales— que derraman torrentes de lágrimas por la pérdida de la españolidad y exigen ipso facto la “intervención” del Estado. Los Gobiernos, sensibles al cebo de la españolidad, se prestan a mediar en alambicadas operaciones para garantizarla. Sucede aquí y ahora con Deoleo, el grupo líder mundial de aceite de oliva (marcas: Carbonell, Koipe, Hojiblanca, Louit). Algunos de sus accionistas (Bankia, Kutxabank, Caixabank y BMN) desean vender sus acciones en Deoleo (un 31% del total), un grupo de fondos de inversión (Fondo Estratégico Italiano, CVC, Carlyle, Rhone y Pai Partners) quiere comprarla y de inmediato se han desbordado las lamentaciones nacionalistas. Todos claman por mantener el control accionarial (el comprador tendrá que presentar una opa por el 100% del capital) en manos españolas y muchos exigen que se descarte a la empresa italiana. Entretanto, se agitan las aguas, y con ellas los aceites, para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tome el capital que venden las cajas.
No resulta ocioso explicar sumariamente tres puntos sencillos: 1. El aceite no es un mercado estratégico, como sí lo es el de la energía, por ejemplo. 2. La participación accionarial obedece a reglas de mercado, es decir, que mantener empresas en manos españolas cuesta dinero, y alguien tendrá que ponerlo. 3. El Estado no está para salvaguardar españolidades, sino para procurar la legalidad de la compraventa. Dicho lo cual, nada impide que la SEPI compre una participación de Deoleo, siempre y cuando explique en el Congreso las razones de la compra (detallando ventajas y costes, por favor).
Se observa además en estos casos un recrudecimiento del doble lenguaje. Mientras se proclama que el aceite es un mercado y que los Gobiernos no pueden intervenir impunemente en él, se trabaja en la trastienda para orientar la venta y conducir al capital público a defender el bastión patriótico. No es esto lo que hay que hacer; pero si se quiere hacerlo, dígase con claridad y óbrese en consecuencia en todos los casos.
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