Deuda inquietante

La economía española sufre de un problema agónico, el paro, que constituye a la vez un freno al crecimiento y un factor importante de desmoralización. Pero, además, no se acaban de ajustar las piezas de la estabilidad financiera pública, a pesar de que se considera tal ajuste una prioridad con sus repercusiones en la tarea del recorte de gastos. En el primer trimestre de este año, la deuda pública española experimentó de nuevo un fuerte crecimiento: más de 39.000 millones de euros. Se sitúa ya, después de ese salto, en 992.828 millones, es decir, el 88,2% del PIB. Una cifra por encima de la media europea que, probablemente, seguirá en aumento.

Existen varias razones para pedir una explicación al Gobierno sobre los persistentes crecimientos de la deuda pública. Es verdad que las condiciones en que se puede financiar ese endeudamiento son más suaves que en 2012; pero unas subidas tan importantes siguen produciendo inquietud, constituyen un factor de inestabilidad. No es suficiente la explicación de que con costes financieros más reducidos se han adelantado las emisiones. Puede ser una interpretación correcta, pero solo comprobable a finales de año. Mientras tanto, sigue en pie la cuestión de por qué una política económica empeñada en reducir el déficit (aunque con resultados mediocres) no deja de generar voluminosos compromisos de deuda.

Debe considerarse pues como opción otra hipótesis, la de que la evolución del déficit público no vaya en consonancia con el ajuste exigido, que es del 6,5% anual en términos de PIB, y el gasto público haya entrado de nuevo en una fase de descontrol. Y aunque habría que revisar una política económica de reducción del gasto, con los efectos multiplicadores sobre el crecimiento que tanta destrucción de empresas y de empleo ha causado, tampoco sería deseable, ni siquiera juicioso, pasar de restricciones presupuestarias drásticas a supuestos de mayor gasto sin que exista un plan económico que lo justifique, oriente y controle. En otras palabras, enterrar más dinero en dispendios como el aeropuerto de Castellón sería, esta vez sí, un suicidio.

Por tanto, el equipo económico del Gobierno debería esmerarse en explicar estos saltos porcentuales de la deuda en términos que racionalidad económica. Seguro que incluso en tiempos difíciles existe esa racionalidad.