Recortes en campaña

Los recortes a las ayudas sociales aprobados por el Gobierno británico han desatado en Reino Unido un agrio debate, por otro lado familiar en el resto de Europa. La notable rebaja forma parte del intento del primer ministro, el conservador David Cameron, de reducir el abultado déficit público en un momento en el que la economía del país bordea la tercera recesión desde 2008. Los subsidios sociales se han duplicado en las últimas dos décadas en Reino Unido, y hoy suponen, junto a las pensiones, el 13,3% del PIB. El plan de Cameron reducirá los subsidios un 10%.

Entre las medidas previstas está la fijación de un tope de 30.600 euros anuales a las prestaciones por hogar, la reducción de ayudas para viviendas sociales y la sustitución del subsidio por discapacidad por pagos individualizados. Lo que para sindicatos, laboristas y diversas iglesias equivale al desmantelamiento del Estado de bienestar es presentado por el Gobierno como el regreso a “los principios originarios” de un sistema “fuera de control” que “penaliza a los ciudadanos que trabajan duro” y “premia” a los que no lo hacen, en palabras del ministro de Economía, George Osborne.

Algo tan trascendente como el recorte del gasto social exige un debate de fondo y medidas que, al racionalizar el sistema, no lleven a empeorar las condiciones de los más vulnerables. Ese debate está con demasiada frecuencia condicionado por las urnas, en Londres y otras capitales europeas.

Cameron pretende hacer sostenible el Estado de bienestar, pero, con un difícil horizonte electoral en 2015, parece también sensible a los sondeos que reflejan el malestar de parte de los británicos con un sistema al que culpan de haber generado una excesiva dependencia en algunos segmentos de la sociedad. Mezclar argumentos, demonizar a los beneficiarios de los abusos de ese sistema y dividir a la sociedad entre aprovechados y esforzados no deja de ser, en cualquier caso, una estrategia peligrosa.