Ocasión (casi) perdida

Que los distintos niveles de la Administración pública española necesitan una o varias reformas en profundidad es un secreto a voces. Que las duplicidades entre esos niveles, más que su tamaño, son causa de su ineficacia, es cosa estudiada. Que Bruselas venga reclamando esas reformas desde hace tiempo y con insistencia convierte su virtud en necesidad urgente. Por eso, incluso aunque sea con retraso, resulta un alivio contar con un primer borrador sobre las Administraciones locales. El Gobierno aprobó ayer el informe del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para lograr ese objetivo.

Por desgracia, se trata de un informe descorazonador. Por lo que no contiene: un plan para la reducción progresiva del excesivo número de municipios (8.117), en su inmensa mayoría aquejados de dramáticos problemas de viabilidad por su escaso tamaño, que dificulta las economías de escala. Otros países, como Grecia o Italia, han abordado este problema; con gran polémica, pero al menos han planteado abiertamente su discusión.

Tampoco resulta esperanzador el enfoque general del texto, extremadamente receloso del principio de la autonomía municipal. Al contrario, el texto apela más bien al sistema provincial de la Restauración, tan favorable a los controles del caciquismo territorial, al pivotar sobre las añejas diputaciones provinciales. Está demostrado que la supresión de duplicidades y la creación de consorcios de servicios locales son eficaces para ahorrar gasto. También que la asociación voluntaria —si conviene, incentivada— puede obtener mejores resultados, de entrada, que la obligatoria. Algunas mancomunidades han sido ejemplares en esto, por ejemplo en transporte o en la recogida y tratamiento de residuos sólidos.

El tercer fallo es el capítulo económico, algo paradójico al proceder de Hacienda: o quizá no, pues en casa del herrero, cuchillo de palo. El proyecto carece de un esquema de financiación municipal, o de novedades sobre la misma, cuando la crisis ha estrechado las fuentes de recursos locales (sobre todo de origen inmobiliario), colocando a muchos municipios al borde del abismo.

No solo eso. La cuantificación del plan de ahorro bianual —por eliminación de duplicidades y “clarificación de competencias”— en 7.129 millones suscita dudas, sobre todo porque hace un año se estimaba que apenas iba a alcanzar la mitad de esa cuantía. Tampoco se explica cómo se financiarán los servicios municipales que asuman las diputaciones y las autonomías. Y el ahorro en sueldos y cargos que tanto discurso ha consumido apenas llega a un exiguo 3% del total.

De modo que este borrador constituye una respuesta de escasa altura a un gran problema. Se convertirá enseguida en una ocasión perdida. A no ser que sirva no como final de etapa, sino como detonante de una discusión que replantee el texto casi por completo.