Islamismo o democracia

El asesinato de Chokri Belaid, dirigente de izquierdas y abogado conocido por su abierta oposición al islamismo más radical, demuestra que la situación en Túnez ha alcanzado un punto crítico. El país en el que nació la primavera árabe hace ahora dos años y que gozaba, incluso bajo la dictadura de Ben Ali, de una cierta libertad de costumbres, corre ahora el peligro de sufrir un retroceso brutal.

La transición en Túnez está estancada principalmente por dos motivos. Uno es que los partidos políticos no terminan de ponerse de acuerdo para ofrecer una Constitución democrática a los tunecinos, un retraso que los sectores laicos ven cada vez con mayor desconfianza porque temen que sus libertades, sobre todo en lo que se refiere a los derechos de la mujer y a las creencias religiosas, se vean cercenadas. El segundo problema consiste en que los radicales (salafistas), con la connivencia o al menos la pasividad del Gobierno islamista moderado, han llevado a cabo en los últimos meses una campaña de intimidación y amenazas a la sociedad civil, desde el arte y la calle hasta la universidad: han sido destruidos monumentos islámicos considerados impuros, atacadas exposiciones, amedrentados profesores y maestros y perseguidas muchas mujeres que no llevan el nikab (velo integral).

El estallido social provocado por el asesinato del opositor Chokri Belaid lanzó ayer a miles de personas a las calles de varias ciudades, entre otras la capital, y desencadenó la quema de varias sedes de Ennhada, el partido gobernante. El primer ministro, Hamadi Jebali, anunció por televisión un cambio de Gobierno y la llegada de un nuevo Ejecutivo formado solo por tecnócratas. Pero es una solución provisional, que ni de lejos resuelve los problemas de fondo ni parece vaya a calmar las mismas calles que fueron capaces de expulsar a un dictador.

El Gobierno tunecino, que según los propósitos proclamados por Ghanuchi —el líder histórico del islamismo en el poder— iba a convertir Túnez en “una sociedad democrática y modélica en el mundo árabe”, tiene ante sí un desafío insoslayable: demostrar su compromiso con la democracia por encima de cualquier ideología o religión. Y eso debería incluir medidas creíbles contra los matones salafistas. Ese compromiso debe desembocar en una Constitución aceptable para el conjunto de la sociedad.