Malas prácticas

A día de hoy, el Gobierno no conoce cuál será la cuantía de déficit público que deberá incorporar como objetivo de los ya muy retrasados Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso. Ha difundido con suficiente publicidad y aparente beneplácito el saldo correspondiente a la liquidación de 2011 (8,51% del PIB, frente al 6% anunciado por el anterior Gobierno), y se ha cuidado en cargar sobre su antecesor las responsabilidades de esa significativa desviación, tanto en las cuentas que son directa responsabilidad del Gobierno como las de las comunidades autónomas.

El lenguaje directo e inequívoco en la asignación de responsabilidades no ha sido en modo alguno equivalente al utilizado para transmitir las líneas por donde discurrirán los ingresos y gastos públicos, ni a la hora de clarificar si el compromiso con la Unión Europea, del 4,4% del PIB, será el que se asuma finalmente. El ministro de Hacienda, de forma poco consecuente con las exigencias de transparencia y pedagogía democrática, ha eludido concretar si su Gobierno está solicitando de Bruselas la flexibilización en el cumplimiento de ese objetivo. No ha reconocido que en un contexto de pronunciada recesión, elevada tasa de desempleo y severas restricciones crediticias, es imposible reducir el déficit al 4,4% del PIB en un solo año. Es altamente probable que las ya adoptadas decisiones de aumento de los impuestos y las que ampliarán la reducción de los gastos, aun cuando no alcancen esos 44.000 millones necesarios para alcanzar el déficit propuesto, acentúen aun más la recesión española y el consiguiente alejamiento del saneamiento financiero público y privado.

Tampoco ha explicado el ministro de Hacienda las razones por las que se sigue dilatando el proceso de elaboración de esos Presupuestos, contrariando las indicaciones de la Comisión y alimentando la sospecha de subordinación de la disposición de ese proyecto de ley a la celebración de las próximas elecciones andaluzas.

Malas prácticas. Tanto peores cuanto más relevantes han de ser esos ejercicios presupuestarios de las cuentas públicas en el fortalecimiento de la pedagogía democrática. En mayor medida si esa ley se formula para un ejercicio que probablemente resultará el más adverso en la evolución de la economía española desde hace muchos años. La erosión del bienestar y el sacrificio adicional exigido a los contribuyentes justificaría que la comunicación de los responsables políticos y económicos arrinconara cualquier atisbo de ambigüedad o dosificación de información relevante. El comportamiento del ministro Montoro, jugando con medias palabras, tan aparentemente solemnes como vacías de contenido, no resulta aceptable en una democracia moderna. No lo es tampoco la ausencia de mínimo diálogo con el principal partido de la oposición, que ya ha dado muestras de cooperación en la aprobación de la reforma financiera. No son prácticas válidas en un momento en el que las autoridades seguirán imponiendo sacrificios sobre una amplísima mayoría de ciudadanos.