El PP acusa al Gobierno de Benidorm de malversación de caudales públicos

El PP de Benidorm arremetió ayer contra el Gobierno socialista de la ciudad, que se sustenta en 11 de los 25 concejales del Consistorio, por haber encargado a la empresa Impursa, adjudicataria del contrato del servicio del mobiliario urbano de la ciudad, parte de las obras que provocaron sobrecostes en un puente del centro de la ciudad con cargo al segundo Plan E, que "especificaba que no puede haber modificados", advirtió el portavoz popular, Toni Pérez. Tras relatar las tres facturas que suponen un gasto añadido de más de 154.000 euros, Pérez aseguró que ese gasto responde a "una supuesta malversación de caudales públicos".

Dos de esas facturas, de 22.656 y 82.836 euros (105.492 euros en total), son de la instalación de las barandillas del puente, ya contempladas en el proyecto de construcción original. Otra, de 48.689, se presentó bajo el concepto "ajuste, medición final del puente".

Este modificado no ha sido el único que ha tenido el puente en el que en 2008 quedó atrapado un camión de gas, cuya fuga provocó el desalojo de centenares de vecinos. El PP todavía no ha recibido la información del coste final de la obra, cuyos modificados han asumido empresas concesionarias del Ayuntamiento a costa de inversiones para la ciudad y no la empresa constructora.

Así y todo, Pérez considera que se ha pasado de un presupuesto de 750.000 euros "a más de 1,1 millones" de gasto final.

Además, el portavoz popular avanzó que "aparecerán más facturas" que justifiquen sobrecostes en la misma obra, todavía "no reconocidos por el Gobierno de Agustín Navarro", al que Pérez considera "una de las personas más afortunadas de Benidorm porque le ha tocado tres o cuatro veces el cupón de la ONCE".

La construcción de este puente fue una de las condiciones que impuso el exconcejal del PP José Bañuls, hoy asesor del alcalde, para firmar la moción de censura en septiembre de 2009 y así entregar el poder al PSPV tras casi 18 años de gobierno popular.