El 90% de los ingresos del despacho del hermano de la alcaldesa de Alicante proceden del plan general

La Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial concluye en un nuevo informe del caso Brugal que "la creación y actividad" del despacho Salvetti Abogados, del que eran socios José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exedil socialista Francisco Javier Gutiérrez "estaría estrechamente relacionada con la tramitación del PGOU de Alicante", hasta el extremo de que el 90% de los ingresos de este bufete entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" en relación con la elaboración del planeamiento urbano. La Policía cifra en más de un millón de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez. De la investigación en torno a supuestas irregularidades y tráfico de influencia en la tramitación del PGOU se encarga el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante como pieza separada del caso Brugal, que se centró en sus inicios en la corrupción en torno a la gestión de la basura en la comarca de La Vega Baja (Alicante) y se extendió después al urbanismo de Alicante, con la alcaldesa y el promotor Enrique Ortiz, supuesto beneficiario de las gestiones, como principales protagonistas.

El informe policial también establece "indicios racionales suficientes" de que Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, "además de contestar las alegaciones (al PGOU) a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". La Policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión de Luis Díaz Alperi.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el pasado 14 de abril el despacho Salvetti Abogados Consultores, SL, en el marco de las investigaciones de esta ramificación del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por su presunta mediación a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.