A la espera del derribo en la Cañada

La piqueta no llegó ayer al número 40 dell sector cinco de la Cañada Real. La vivienda de Abdul Ghailan, sobre la que pesa una orden judicial de derribo, permanece en pie aunque se desconoce por cuánto tiempo. La familia, ante la amenaza, ya ha trasladado sus enseres a la casa de un vecino.

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, se reunió con el párroco de la iglesia de Santo Domingo de la Calzada y confirmó que las demoliciones "van a continuar". "Martínez nos ha dicho que no ha habido derribo porque no había ninguna intervención prevista para hoy [por ayer], pero no tenemos ninguna perspectiva de que se pueda replantear o negociar la demolición de la vivienda de Abdul", explicó el párroco Agustín Rodríguez.

El área de Urbanismo aduce que los derribos seguirán su curso mientras no haya un marco social de resolución de conflictos, que debe acordar la Comunidad con los Ayuntamientos afectados -Madrid, Rivas y Coslada-.

Cerca de medio centenar de personas entre vecinos, jóvenes vinculados al Movimiento 15-M y voluntarios que trabajan en el poblado acamparon la madrugada del viernes a las puertas del edificio de dos plantas. La plataforma Stop Derribos también convocó una concentración a primera hora de la mañana de ayer para evitar un posible desalojo.

Esta es la segunda vez que Abdul se enfrenta a la piqueta. En 2007 su casa fue la primera, y por ahora la única, demolida en esta zona del asentamiento. Días después volvió a levantar la vivienda con la ayuda de los vecinos que recaudaron 7.000 euros para sufragar los materiales y trabajaron en la reconstrucción.

Agustín Rodríguez alega que la ley de la Cañada que la Asamblea de Madrid aprobó en marzo cambia las razones que justifican el derribo. "El suelo ya no es de dominio público sino bien patrimonial". La disposición adicional primera de la norma fija, además, que las Administraciones y los vecinos deben pactar "las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos".

Carmen García, que lleva más de 25 años residiendo en el poblado, solicitó ayer la paralización de los derribos y la apertura de una mesa de diálogo que cuente con las dos asociaciones de vecinos acreditadas que se han constituido en este sector del asentamiento. El 1 de junio el Ayuntamiento comenzó a censar a los habitantes de la Cañada (estimados en unas 20.000 personas), primer paso de la nueva norma.