La oposición carga contra el excesivo poder de presidencia
Los grupos independentistas la toman con la consejera de Justicia por haber recurrido las consultas soberanistas
La situación financiera y el déficit de la Generalitat han centrado la intervención de hoy en el Parlament de Artur Mas. El presidente catalán comparecía ante la cámara para dar cuenta de la estructura de su Gobierno, y la oposición le criticó, básicamente, por tres motivos: por la excesiva concentración de poder en Presidencia; por el nombramiento de Josep Antoni Duran i Lleida como representante de la Generalitat en las comisiones mixtas de negociación con el Estado; y, los partidos independentistas, por el nombramiento de Pilar Fernández como consejera de Justicia de su Ejecutivo.
Mas concentra bajo su mando los sondeos de la Generalitat - pese a que la ley deja claro que el Centro de Estudios de Opinión debe figurar en el Departamento de Economía-, el control de los medios públicos y parte de la licitación pública. "No es necesaria ni acabamos de entender la sorprendente acumulación de poder transversal y sectorial de la Presidencia", ha arremetido Joaquim Nadal (PSC), jefe de la oposición; "Hay una intencionalidad clara de controlar los medios de comunicación", ha agregado desde las filas del PP Alicia Sánchez-Camacho.
También se ha llevado sus reproches Josep Antoni Duran i Lleida. La oposición ha criticado muy duramente su nombramiento como representante de la Generalitat en las negociaciones con el Estado . Albert Rivera, de Ciutadans, lo ha tildado de "consejero en la sombra" y ha pedido que el Parlament pueda fiscalizar la actuación de Duran. Desde Iniciativa, Joan Herrera ha ido más allá y ha preguntado quién es el representante del Ejecutivo en Madrid. "El representante de la Generalitat soy yo, pero puedo tener colaboradores", le ha espetado Mas.
La consejera más nombrada del día fue la de Justicia, Pilar Fernández. Pese a que aún le está tomando el pulso al cargo, los partidos independentistas no están dispuestos a pasarle ni una. Fernández recurrió como abogada del Estado la consulta soberanista de Arenys de Munt , y su nombramiento enfureció a ERC y Solidaritat Catalana per la Independencia. El republicano Joan Puigcercós ha acusado a Fernández de "haber equiparado la consulta de Arenys con el enaltecimiento del terrorismo". Para Joan Laporta (SI), la consejera de Justicia "menospreció" a centenares de miles de catalanes. "Deben juzgarla por sus actos como consejera. Como funcionaria del Estado, cumplía órdenes", ha sostenido Mas para defenderla. También la ha defendido Ciutadans, que ha usado a Fernández de arma arrojadiza contra Mas. Rivera ha acusado al presidente de no acatar las sentencias y ha pedido a la consejera que le "enseñe derecho en dos tardes".
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