Albert Vilalta solicita el estatus de víctima del terrorismo

Albert Vilalta, director general de Túneles del Cadí y uno de los tres cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda del Magreb Islámico en noviembre del año pasado, ha reclamado al ministerio del Interior el estatus de víctima del terrorismo, según avanzó ayer Público. Vilalta, que fue secuestrado junto a Alícia Gámez, liberada en marzo pasado, y Roque Pascual, con el que compartió todo el cautiverio, pasó 267 días en manos de sus raptores, el secuestro más largo de Al Qaeda para el Magreb Islámico.

Una vez en libertad, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo les recomendó iniciar los trámites en el Ministerio del Interior para reclamar el estatus de víctimas. Según José Vargas, presidente de ACVOT, Vilalta es el único que ha iniciado los trámites: Pascual ha rechazado por el momento esta opción y Gámez no ha respondido. Ambos tienen hasta un año después de su liberación para pedir el estatus de víctima.

Secuestro en el extranjero

Al ser secuestrado en el extranjero, Vilalta deberá a esperar a que un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores certifique que el ataque de Al Qaeda se produjo contra intereses españoles, el requisito que exige la ley actual. De lo contrario, el trámite se alargará hasta la aprobación de la nueva ley sobre las víctimas del terrorismo, actualmente en trámites en el Congreso, y que facilita la obtención de este estatus a todos los españoles que hayan sido víctimas de actos terroristas perpetrados fuera de España.

Según ha explicado Vargas, Vilalta no ha pedido ninguna indemnización a la espera que le sea otorgado el estatus de víctima. Por haber padecido un secuestro, la ley marca un montante de hasta 48.000 euros. El cooperante, que fue disparado tres veces en una pierna, podría pedir además otra indemnización por secuelas físicas y psíquicas, lo que ascendería el montante a una cifra superior a los 100.000 euros.

"Si el Estado le da la indemnización que por ley le corresponde Vilalta, en ninguno de los casos, haría un uso personal. Lo destinaría para fines sociales o a la organización que él crea conveniente", ha puntualizado Vargas, que recomienda al cooperante que pida su indemnización: "Está en su derecho, y lo marca la ley".